Esta semana, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza tomó posesión del ex destacamento de Lomas del Mirador, donde estuvo detenido Luciano Arruga, el joven de 16 años desaparecido en el año 2009 y hallado sin vida como NN en el cementerio de la Chacarita, el 17 de octubre de 2014.
Al respecto, el presidente del organismo, Pablo Pimentel, dijo a esta agencia: “sentimos que este lugar de tortura y salvajismo se transforma en un lugar de difusión de los Derechos Humanos, algo histórico que realmente trasciende”.
“En ese destacamento, que había sido abierto por más seguridad, fue instalada la policía que trajo inseguridad a Lomas del Mirador, reclutando jóvenes para robar. Por eso, es un hecho importante que la misma gestión política que lo abrió y lo cerró, haya reconocido no haber controlado el accionar de la policía”, agregó.
El lugar funcionó como dependencia de la Policía Bonaerense hasta diciembre de 2011 y luego la Justicia lo mantuvo cerrado para recoger pruebas en el marco de la causa por la desaparición de Arruga. A partir de una iniciativa del diputado del Frente para la Victoria, Miguel Funes, que fue sancionada el 30 de octubre último por el Senado bonaerense, el lugar se declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación para ser transferido a la APDH La Matanza con el objetivo de instalar el Espacio para la Memoria “Luciano Arruga”.
En este marco, Pimentel reconoció la labor del vicegobernador Gabriel Mariotto como presidente de la Cámara Alta para llegar a la sanción definitiva del proyecto de Funes y su solidaridad con los familiares.
“Lo que pasó allí fue muy perverso, pero también hay que remarcar que esto sigue pasando. La apertura del espacio tiene que servir como una vuelta de página en la historia, para que estas cosas no se repitan en ninguna parte del país y que no haya más miembros de la fuerza de seguridad involucrados en tormentos hacia ciudadanos”, dijo Pimentel.
Al ser consultado sobre los diferentes frentes que contempla el caso Arruga, Pimentel explicó que “el jury a la primer fiscal, Roxana Castelli, corresponde por no atender a la familia y por darle la investigación a la misma policía que estaba sospechada”.
“En cuanto a la segunda fiscal, Celia Cejas, en la que habíamos confiado muchísimo, cuando la causa pasa a la justicia federal, pudimos observar en los legajos reservados que se había investigado a la familia al mismo tiempo que se investigaba a los policías involucrados. Esto sucedió durante un año y medio, a partir de escuchas telefónicas”, dijo y también apuntó contra el juez de garantías que permitió esta irregularidad.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerense resolvió en noviembre último la apertura del juicio político a las dos fiscales y al juez al juez Gustavo Banco, del Departamento Judicial La Matanza, quienes fueron acusados de haber entorpecido la investigación del caso.
Por último, Pimentel pidió avanzar en la causa sobre la responsabilidad policial tras el hallazgo del cuerpo de Luciano, quien murió atropellado en el cruce de General Paz y Emilio Castro cuando cruzó corriendo.
Uno de los testigos que declaró ante el juez federal de Morón, Juan Pablo Salas, fue un joven motociclista que el 1 de febrero de 2009 a las 3.21 fue el primero en llegar al lugar. “El testigo que se detuvo para auxiliar a Luciano vio cómo un patrullero lentamente se iba trasladando desde la colectora viendo toda la secuencia. Creemos que podría haber sido echado a correr desde allí hacia la autopista”, afirmó el titular de la APDH.
