El actual senador nacional salteño y precandidato a gobernador aliado del massismo Juan Carlos Romero sumó otra acusación en la justicia. La Fiscalía Penal de Delitos Económicos Complejos a cargo de Mónica Poma acusó al ex gobernador de Salta por «enriquecimiento ilícito de funcionario público» y deberá explicar el incremento de su patrimonio, tanto personal como familiar, tras su paso por la gobernación entre 1995 y 2007. En la causa, que recayó en el Juzgado de Garantías de Cuarta Nominación a cargo del magistrado Diego Rodríguez Pipino, algunos de los bienes investigados son una mansión ubicada sobre la ruta 28 en cercanías de la localidad de Castellanos, cuyo costo rondaría los 50 millones de pesos, edificada sobre una propiedad que Romero habría adquirido en sus últimos años de gestión como gobernador. También se investiga la adquisición de un avión y un helicóptero y once operaciones con tierras donde familiares y ex funcionarios de su gestión presuntamente habrían estado involucrados, según consignó el Nuevo Diario de Salta.
Esta acusación generó un expediente que puede transformarse en una de las causas más complicadas de superar para el actual candidato de Sergio Massa en Salta. Ocurre que para la investigación de este tipo de delito, contemplado en el artículo 268 inc. 2 del Código Penal, la carga probatoria se invierte y es el acusado quien debe presentar ante la justicia las pruebas documentales de que su enriquecimiento no guarda relación con su paso por la función pública.
Aunque la causa trascendió oficialmente en Salta la semana pasada, se supo que el 5de diciembre pasado la fiscal Poma presentó un pormenorizado detalle de los bienes que Romero adquirió o incrementó de manera sospechosa durante su gestión como gobernador, entre los años 1995 y 2007, y ese mismo día se notificó al ex mandatario provincial y compañero de fórmula presidencial de Carlos Menem en 2003. El lunes 16, la defensa de Romero presentó dos recursos destinados a desplazar a la fiscal penal que lo acusó y a declarar la nulidad de la nueva imputación. La recusación y el planteo de nulidad responden al hecho de que la investigación se lleva bajo las previsiones del nuevo Código Procesal Penal, que deja en manos de la Fiscalía las pesquisas y fundamentalmente rechaza los recurrentes planteos dilatorios, una de las estrategias más utilizadas por la defensa de un ex mandatario que acumula varias causas por corrupción abiertas, donde se le adjudican delitos de «peculado, incumplimiento de deberes de funcionario público, fraude, estafa, negociaciones incompatibles con la función pública, uso de información reservada, asociación ilícita» y ahora «enriquecimiento ilícito». Una de las causas más comprometedoras es «La Ciénaga» por el traspaso de 90 hectáreas del estado provincial al patrimonio personal de los Romero, representado a través de la sociedad Estancia del Carmen SA, presidida por Juan Esteban Romero, hijo del ex gobernador.
El ex mandatario, quien junto al ex diputado Alfredo Olmedo recibió la visita y la bendición de Sergio Massa en Salta hace dos semanas, fue fuertemente cuestionado el legislador provincial del PJ Pedro Sández, quien vinculó a la fórmula Romero-Olmedo con el narcotráfico en Salta, principalmente en relación a la caída de avionetas en el distrito de Anta. «Esto no es nuevo. En Anta cayeron varias avionetas. Nosotros, como legisladores, el intendente, políticos y la población estamos preocupados porque estas cosas siguen pasando» afirmó. «Es muy raro que las avionetas siempre caen en las zonas donde tienen intereses Romero y Olmedo, que son esta nueva yunta de la política. La gente rumorea el por qué de que siempre sea en esas zonas y por eso mi pedido de informes, para saber qué relación hay», anunció el legislador.
