La decisión de beneficiar a López con una libertad condicional fue tomada por la camarista penal de La Plata María Silvia Oyhamburu, que actúa como jueza de ejecución en la causa, luego que el Tribunal de Casación provincial revocara un fallo judicial suyo, mediante el cual denegó la libertad condicional al expolicía.
Durante una entrevista con Radio La Plata, Schonfeld anticipó que “el 27 iré a hablar con el fiscal general de Casación para ver si puedo apelar o hacer algo”, y recordó que “hace apenas un año, el mismo tribunal dijo que Justo José López, el asesino de Miguel, no estaba apto para reinsertarse en la sociedad porque el estudio psicológico no le daba esa posibilidad”.
“Espero que no tome represalias contra quienes atestiguaron contra él”, dijo la mujer. La libertad condicional del ex policía había sido solicitada el año pasado por la defensora de López, Norma González, al considerar que por el tiempo que lleva detenido y en base a la aplicación de la derogada ley del «2 por 1», ya alcanza 20 años de prisión, la cantidad de tiempo necesaria a cumplir para acceder a ese beneficio.
En diciembre del año pasado Oyhamburu rechazó otorgar ese beneficio en base a un informe del Servicio Penitenciario Bonaerense que afirmaba que el imputado no había realizado una «reflexión objetiva» del hecho, cuya autoría se le atribuye y aún continuaba manifestándose «inocente» y víctima de una «cuestión política».
La magistrada consideró que el exsargento cumplió con el requisito temporal para acceder a una condicional pero que no podía concretarse debido a los informes periciales negativos. Sin embargo, en octubre de este año, el Tribunal de Casación Penal provincial revocó la resolución de Oyhamburu al afirmar que no se puede fundamentar una denegatoria con un informe psicológico y psiquiátrico del Servicio Penitenciario Bonaerense.
López, era el único detenido que queda por este caso, ya que el otro que fue condenado a perpetua, el ex subcomisario Walter Abrigo, murió en prisión. El entonces comisario de la comisaría novena, Juan Domingo Ojeda, fue condenado a dos años de cumplimiento efectivo de la pena, pero recuperó su libertad con sólo ocho meses de prisión, al igual que el oficial Ramón Cerecetto, quien fue acusado de borrar el nombre de Miguel del registro de entradas de la comisaría.
