El Tribunal Oral Federal 1 de San Martín tomará este viernes declaraciones testimoniales “adelantadas” en la causa por los trabajadores de Ford Motors Argentina secuestrados durante la última dictadura. La causa por los crímenes en la filial argentina de la automotriz norteamericana tiene como acusados a dos militares y a tres civiles, directivos de la compañía. El expediente ya fue elevado a juicio oral, pero los jueces aún no pusieron fecha al debate. Alarmadas por las muchas postergaciones del comienzo, las querellas pidieron al tribunal que al menos tome declaración a dos trabajadores que se encuentran con problemas de salud. Uno de ellos fue delegado de la fábrica. Así, aunque teóricamente éste no es comienzo del juicio, la del viernes será su primera audiencia.
Tomás Ojea Quintana es el abogado querellante por los trabajadores de la empresa. “Ahora tenemos las audiencias anticipadas y esperamos que el tribunal defina una fecha de juicio para Ford, que esperamos sea a principios del año que viene.”
La audiencia del viernes será a las 9 en la sede del TOF, en el edificio de la calle Villate, en Olivos, en una apretada sala de audiencias preparada para un puñado de personas. Los convocados a declarar son Jorge Constanzo, ex delegado por el sector Comedor de la planta de Pacheco, secuestrado el 24 de marzo de 1976 desde el interior de la fábrica. Y Carlos Gareis, otro ex trabajador que era cercano a la comisión interna.
Esta es la primera vez que los cómplices civiles de los crímenes de la dictadura van a comenzar a ser juzgados en audiencia oral. En este caso, los acusados son tres: Pedro Müller, ex gerente de Manufactura, a quien los sobrevivientes describen como mandamás de Pacheco y verdadero jefe político; Guillermo Galárraga, gerente de Relaciones Laborales de la empresa en 1976, la persona que sabía quiénes integraron las comisiones internas y con quién se reunían los trabajadores por reclamos gremiales, y Héctor Francisco Sibilla, ex jefe de Seguridad, uno de los hombres más recordados por los trabajadores por su carácter de militar retirado del Ejército, hombre que escaló posiciones luego de los secuestros y estuvo contratado por la Embajada de Estados Unidos en seguridad hasta que se jubiló en 2004, según publicó Página/12.
Las dos testimoniales implican un comienzo simbólico del debate. Se llegó hasta este punto luego de una serie de gestiones y reclamos muy duros de las querellas, organismos de derechos humanos y fiscales. En el mes de septiembre, las querellas presentaron una carta a Casación, alarmadas por la postergación del juicio. El presidente del TOF 1, Héctor Sagretti, llevaba adelante el juicio por los obreros desaparecidos en la zona norte del conurbano y había dicho que probablemente no iba a poder participar de más juicios grandes en los próximos meses porque había sido designado en la causa conocida como Efedrina.
Las querellas de Ford le escribieron al presidente de la Cámara Nacional de Casación Penal, Mariano Hernán Borinsky: “Hemos sido informados que la Superintendencia de la Cámara ha dispuesto que el Dr. Sagretti participe como juez subrogante en uno de los juicios derivados de la causa de la efedrina y, debido a que el Tribunal Oral que Sagre-tti preside sólo cuenta con dos miembros, aquella designación provocaría una demora tal en la tramitación de las causas del tribunal, que el juicio oral y público de la causa Ford podría posponerse hasta entrado el año 2016. Esta circunstancia es realmente grave, porque podría consolidar aún más la vulneración a nuestro derecho a una justicia pronta y efectiva. Los crímenes cometidos ocurrieron hace casi cuatro décadas, y las alternativas para accionar judicialmente, en el contexto histórico de nuestro país, fueron limitadas, por lo que recién pudimos hacerlo ya entrado este nuevo siglo, en el año 2003. Desde ese preciso momento en que se inició la causa penal han pasado más de diez años y todavía no existe siquiera sentencia de primera instancia. En el camino, hemos ofrecido todos nuestros esfuerzos para una causa que creemos es central en el proceso de memoria, verdad y justicia, sobre todo porque los sometidos a juicio oral son civiles que ejercieron como directivos de una empresa grande radicada en nuestro país. Y en ese camino hubo compañeros que perdieron la vida, como Juan Carlos Ballestero, Carlos Enrique Chitarroni, Hugo Adolfo Núñez y otros, y no podrán participar del juicio”.
A raíz del pedido y de otros similares, Casación emitió la semana pasada una resolución, la 1300/14, dirigida al TOF. Sacaron a Sagretti de la causa de la efedrina, pero a la vez sugirieron que el juez podría haber continuado con sus funciones porque ese tribunal de la efedrina no estaría constituido hasta fines de noviembre. Con amabilidad, recordaron también el importante número de causas de lesa humanidad pendientes en el TOF 1; los procesados sin condena; la existencia de una “megacausa” como Campo de Mayo y la acordada de la Corte Suprema. “Al respecto, cabe tener en cuenta lo dispuesto por las acordadas números 42/08 y 37/09 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el sentido de la celeridad que debe imprimirse a la tramitación y conclusión de las causas en las que se juzgan delitos contra la humanidad.”
En la resolución, los jueces de Casación confirmaron otro dato: la continuidad del tercer juez que viene integrando el TOF en el último tiempo: Diego Barroetaveña, orgánico de la conducción de la Asociación de Magistrados, integrante del Tribunal Oral Criminal 21, el que condenó al dirigente sindical José Pedraza por el asesinato de Mariano Ferreyra.
