Por Juan Manuel Suarez / El hallazgo del cadáver de Luciano Arruga, desaparecido desde el año 2009, no sólo confirmó un nuevo caso de violencia institucional en nuestra sociedad sino que nos llama a una reflexión sincera sobre cómo queremos vivir. El poder judicial-corporativo-mediático atenta contra la reconstrucción de un tejido social que es condición imprescindible para funcionar de manera equilibrada y justa como sociedad.
Como respuesta directa al dispositivo estigmatizante que despliegan los medios hegemónicos de comunicación y ejecutan determinados jueces sobre los pibes pobres, el Vicegobernador acompañó la iniciativa que propone la creación de fiscalías especializadas en violencia institucional que presentó la senadora del bloque Nuevo Encuentro, Mónica Macha.
“Entendemos a la violencia institucional como una problemática que no está visibilizada, que afecta sobre todo a varones jóvenes del Conurbano y que son esas estadísticas que a veces no cuentan en la opinión pública y en los grandes medios de comunicación, pero sí cuentan para nosotros que somos militantes de este proyecto nacional y popular”, sintetizó la legisladora en diálogo con AgePeBA.
Además de este proyecto, que plantea la creación de un registro provincial de delitos en violencia institucional para poder contar con información certera y de calidad desde el propio Estado, el Senado de la provincia de Buenos Aires convirtió en ley la expropiación del ex destacamento de Lomas del Mirador, en el partido de La Matanza, donde Arruga fue detenido y torturado por policías bonaerenses meses antes de desaparecer.
En ese marco, Vanesa Orieta, reconocida por Gabriel Mariotto como una “luchadora”, valoró el rol que cumplió el Vicegobernador: “asumió su compromiso de acelerar lo que tenía que ver con la expropiación del destacamento”, y también destacó que “puso a disposición todo lo necesario para que se avance en el proceso de jury” contra los funcionarios judiciales acusados de irregularidades en la causa por la desaparición de su hermano.
Este escenario de enjuiciamiento al magistrado de La Matanza, Gustavo Banco, y las fiscales de esa misma jurisdicción, Roxana Castelli y Celia Cejas representa un logro apenas en la lucha por instrumentar un sistema jurídico democrático, entendido éste último como un poder equitativo y sin distinción de clase o grupo al momento de interpretar la ley.
El juez de Garantías de Mar del Plata, Juan Tapia consideró sobre la expropiación del destacamento policial de Lomas del Mirador que “tiene un valor simbólico importante en la comunicación de determinadas líneas de acción y sobre todo de reconocimiento hacia organizaciones de acción civil y derechos humanos en casos concretos como el de Arruga”.
En esa sintonía, el abogado fue más allá en la discusión respecto a la construcción de un nuevo sistema judicial democrático que sustituya al actual corporativo: “para que desde el Estado se desmantelen esa red de normativas, lo primero es derogar institutos o facultades policiales que puedan favorecer la posibilidad de esas mismas redes clandestinas de sumisión y de coacción policía”.
Otra de las voces que puso en consideración AgePeBA fue la de Berenice Timpanaro, coordinadora general de la Campaña Contra la Violencia Institucional. La abogada también remarcó las iniciativas que se impulsan desde el Senado bonaerense para subsanar y reconstruir el tejido social. “Es importante que desde ese ámbito se pueda avanzar en todo lo que tiene que ver con la memoria, porque es ocupar lugares que han albergado violencia institucional”, y agregó que “esto incita a ir por más desafíos”.
La ex directora de Violencia Institucional del Ministerio de Seguridad de la Nación se manifestó contraria al carácter corporativo que caracteriza al Poder Judicial. “Muchas veces se habla de la independencia del poder judicial y escuchamos discursos donde se rasgan las vestiduras, pero muy pocas veces ponen en crisis que también el Poder Judicial tiene que ser independiente de la policía”.
Leonardo Rebolino, otro de los representantes de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, dialogó con esta agencia y valoró el trabajo que viene realizando el Vicegobernador en materia de seguridad democrática. “Me parece muy bien, es una iniciativa que está a la altura de recuperar la ESMA o La Perla, para que se transformen en espacios para la memoria, vinculados al terrorismo de estado”.
En ese escenario jurídico-corporativo, uno de los ejes que se retomaron desde la presidencia del Senado fue el de los jury de enjuiciamientos a jueces y fiscales que responden con un tono represivo al espasmo de violencia mediática construida desde los medios hegemónicos de comunicación.
Esteban Rodríguez, también integrante de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional y del CIAJ, destacó la intervención del vicegobernador Gabriel Mariotto en torno a las investigaciones por el caso Luciano Arruga. “Es importante avanzar en el reproche hacia los magistrados que no investigan, que delegan las investigaciones a la policía o las desvían”, consideró y evaluó que “no estamos hablando de errores ni de excesos, estamos hablando de rutinas institucionales que no se van a desandar retirando la manzana podrida, sino que hay que poner en crisis esas prácticas más o menos informales “.
De esta manera, podemos comprender un poco mejor como la funcionalidad del dispositivo jurídico-represivo-mediático que justifica la criminalización de la pobreza y legitima las prácticas de violencia institucional que se llevan por delante a miles de ciudadanos. Este señalamiento de “peligrosidad” que construyen los mass media tiene su correlato en desapariciones seguidas de asesinatos como lo fue con Luciano Arruga, o con Franco Casco en Santa Fe, sólo por citar ejemplos paradigmáticos.
En esa parafernalia coercitiva, elitista y consecuentemente peligrosa para el musculo democrático, hoy se construye al sujeto “peligroso” desde los medios de comunicación para que se le dispare desde aparato represivo del estado. Como si fuera el mundo del revés: el que vive en el barrio privado bajo custodia es la victima, mientras que el que vive en la calle sin techo es el victimario.
