Solo uno de cada diez habitantes de Tigre vive en countries. Como sus casas están construidas sobre terrenos rellenados no se inundaron con la crecida que se inició hace una semana. El resto, 9 de cada 10, quedan expuestos con cada temporal. El 60 por ciento de las tierras está ocupado por barrios cerrados, según un informe publicado hoy por el Portal Infojus. Con el avance de los emprendimientos inmobiliarios en el municipio, ese porcentaje va en aumento: ya son 148 kilómetros cuadrados los ocupados por los complejos de lujo, casi la misma superficie que la ciudad de Rosario. En cambio, el 90 por ciento de los habitantes ocupa menos del 40 por ciento del territorio.
Después de Merlo y de San Martín, el partido de Tigre es el más poblado de la primera sección electoral: 376.381 personas. El último censo nacional indicó que sólo el 17 por ciento de los hogares en Tigre tienen desagüe cloacal, menos de la mitad de la media provincial. Sólo el 64 por ciento de los hogares tiene agua corriente, contra el 75 por ciento de la provincia. Los hogares conectados a la red de gas llegan al 65 por ciento en la provincia, pero en Tigre sólo la mitad de los vecinos tienen esa conexión. Aunque el presupuesto municipal supera por lejos la media provincial, los indicadores de calidad de vida en Tigre están por debajo del promedio.
Mientras menos de 40 mil personas viven en countries y barrios privados con todas las comodidades, en Tigre se relevaron 4386 casillas y 886 ranchos, lo que indica que hay un seis por ciento de hogares que son calificados como “vivienda precaria”. Para llegar a ese valor con los indicadores de los municipios cercanos, hay que sumar los hogares precarios de cuatro municipios cercanos: Vicente López, San Isidro, Tres de Febrero y San Fernando. Juntos no alcanzan ese valor de precariedad.
“Talar del Lago II te permite cumplir el anhelo de vivir en el lugar con el que siempre soñaste. Tu lugar en el mundo. Un barrio privado con infraestructura y servicios que contemplan todas las necesidades actuales de la vida familiar”. El eslogan es de uno de los tantos barrios cerrados que, junto con La comarca, El Encuentro y Nordelta forman la olla amurallada que pone en riesgo a los vecinos de los barrios El Garrote, Delfino, Rincón y Las Tunas en el municipio de Tigre. “Lo que falta acá es la presencia del municipio”, dijo a Infojus Noticias Jessica, vecina de Las Tunas que marcó al muro que los divide de los barrios privados como un problema muy grave para todos los vecinos. “Nos caga la vida, más si no hacen las obras necesarias para que el agua no suba”, dijo.
Lo público y lo privado
Más de 300 mil dólares valen las propiedades de un promedio de 250 metros cuadrados, con más de cinco años de antigüedad, en Talar del Lago II. La mayoría de tres o cuatro dormitorios y, siempre, más de un baño. Aunque si la propiedad es a estrenar puede alcanzar los 400 mil dólares. En El Encuentro los valores se mueven en el mismo margen: un terreno de 1054 metros cuadrados puede conseguirse desde 135 mil dólares, mientras que las casas 3 dormitorios rondan los 350 mil dólares. En La Comarca, una casa de 90 metros cuadrados, tres baños, cuatro dormitorios con un año de antigüedad cuesta unos 370 mil dólares. Las expensas rondan entre 650 pesos para terrenos y 5 mil para casas con el mantenimiento de piletas, parquero, internet y cable.
Vivir bien puede significar muchas cosas. Para quienes eligen irse a vivir a un barrio cerrado salir de la urbe para conseguir la tranquilidad es la premisa. “Buscan trasladar las comodidades de la ciudad a sus barrios. Tienen como valores que definen lo que es un ‘buen vivir’, a la seguridad y la homogeneidad social, es decir, actividades en común, como lo pueden ser el practicar golf, tenis, rugby, etcétera”, explica la socióloga Belén Coria, autora del trabajo “Territorialización de los sectores populares y los sectores altos”.
Es la seguridad uno de los valores más significativos a la hora de analizar el estilo de vida dentro de este tipo de barrios, sobre todo después de la década del noventa y el creciente discurso de inseguridad. “En los primeros barrios cerrados la gente lo que buscaba era comprar una propiedad con más espacio, más verde y a menor valor de que se conseguía en Capital Federal”, cuenta una propietaria de uno de los barrios cerrados más antiguos. Sin embargo, el paradigma cambió y muchos empezaron a ver en esos espacios un búnker para protegerse de un afuera “hostil”.
Desde muros que cercan el perímetro y dividen lo privado de lo público hasta entradas exclusivas para los propietarios siempre custodiadas por seguridad privada, conforman la fachada de ese ideal de seguridad. Hasta 2010, la Policía Bonaerense sólo podía entrar a los barrios privados con una orden judicial. Quizás la anécdota de Claudio, uno de los vecinos del barrio Delfino, representa el poder que las empresas privadas de seguridad tienen. Los primeros días de marzo un grupo de vecinos se acercaron con cortafierros a picar la pared del barrio privado La Comarca para que el agua acumulada pudiera drenar. De la mitad para abajo hicieron varios boquetes para que pasara la filtración. Todos se acuerdan de los tiros de esa madrugada. «Tiraban porque se creían que queríamos entrar al country, pero la situación era que la pared estaba frenando el agua que inunda nuestras casas», dijo Claudio.
Algo similar ocurre con los organismos de control como ARBA o AFIP que ante la imposibilidad de entrar para realizar inspecciones de forma regular, recurrieron a tecnologías alternativas como el uso de satélites o drones. Juan Eder, subdirector ejecutivo de Fiscalización de ARBA, explicó a Infojus Noticias que esas imágenes obtenidas se contrastan con el catastro digital y así se detectan las construcciones sin declarar. Con este método, en 2012, la Agencia detectó que las casas del country Los Alisos, ubicadas en el Complejo Nordelta, en Tigre, no estaban declaradas ante el fisco y figuraba como baldío. Eran unas 234 casas y 75 piletas de natación, lo que junto a otras propiedades de lujo totaliza 114.721 metros cuadrados sin incorporar al fisco, equivalente a una evasión de más de 1,3 millones de pesos de Impuesto Inmobiliario.
