.
«En los últimos 10 años la gestión de la seguridad parece que ha sido criminalizar permanentemente a diferentes grupos sociales. Hoy, por ejemplo, les toca a los extranjeros», aseguró a la prensa Alejandra Monteoliva, titular del Observatorio de Seguridad Ciudadana. La especialista explicó que, según un relevamiento, Córdoba es «la cuarta provincia con mayor cantidad de extranjeros encarcelados», pese a que, en los últimos tres años, la participación de estos, «en casos de homicidios violentos no llegan al 2%» y los números «también son muy bajos en materia de delitos comunes».
La experta insistió: «perseguir a quienes cometen delitos y atacar la delincuencia son dos cosas distintas, aunque complementarias. Pero si nos concentramos en lo primero, más que en las causas de la delincuencia, creo que tenemos fallas significativas».
Monteoliva, que se desempeñó hasta el año pasado y por pocos meses al frente del Ministerio de Seguridad provincial, explicó que, «cuando no se encuentra claridad en la decisión o respuestas institucionales, se criminaliza» a algunos sectores sociales.
La semana pasada, la experta Valeria Plaza, autora de trabajos que propugnan el abordaje de la política criminal desde la óptica de los derechos humanos, había expresado que «esta política de seguridad está explotando», en primer lugar, «por los reiterados hechos policiales, que se cobran la vida de numerosos jóvenes».
Asimismo, Plaza puntualizó que, en Córdoba, urgen «políticas que, además de respetuosas de los derechos humanas, deben ser más efectivas», porque se advierte «en la provincia una crisis de la política de seguridad desde hace un tiempo».
La discusión que se da en Córdoba sobre el accionar de la fuerza policial tiene como contexto que, según la Coordinadora Antirrepresiva, en lo que va de 2014, ya se han registrado siete casos de jóvenes muertos en casos de «gatillo fácil», lo que expresa la «sistemática política represiva» del gobierno de José Manuel de la Sota.
La repetición de hechos vinculados con agentes de la fuerza hizo que, en los últimos cinco meses, familiares de víctimas del accionar de la Policía marcharan por la capital cordobesa contra las políticas represivas del gobierno de De la Sota.
