Vanesa Orieta celebró hoy la expropiación del ex destacamento de Lomas del Mirador, en el partido de La Matanza, donde su hermano fue detenido y torturado por policías bonaerenses meses antes de desaparecer.
Luego de ser convertida en ley por el Senado de la Provincia, la hermana de Luciano Arruga explicó a esta agencia que “la expropiación tiene para nosotros un carácter importante” porque constituye “el cierre definitivo de un destacamento policial que significó mucha violencia para los barrios humildes de Lomas del Mirador”.
“Luciano estuvo detenido en ese lugar durante varias horas el 22 de septiembre de 2008 y sufrió golpizas y amenazas”, recordó y adelantó que “ese espacio de muerte” será convertido “en un espacio de vida, en un centro cultural y social que defienda los derechos humanos de los jóvenes de los barrios humildes”.
“A partir de obtener el espacio, trabajaremos en un archivo de casos de violencia institucional y de a poco iremos dándoles a los jóvenes las herramientas para que ellos se lo apropien”, precisó.
Consultada por el rol del vicegobernador Gabriel Mariotto en el caso, Orieta dijo que cumplió su “compromiso de acelerar lo que tenía que ver con la expropiación del destacamento” y también destacó que “puso a disposición todo lo necesario para que se avance en el proceso de jury” contra los funcionarios judiciales acusados de irregularidades en la causa por la desaparición de su hermano.
No obstante, aclaró que “no queremos hablar de acompañamiento, ni de ayuda, ni de colaboración porque consideramos que no es ni más ni menos que lo que tiene que hacer cada uno de los funcionarios en sus roles».
El lunes pasado, días después de la reunión que Mariotto mantuvo con la familia del joven hallado enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerense resolvió unificar en un solo expediente los pedidos de juicio político contra el juez de La Matanza, Gustavo Banco, y las fiscales de ese misma jurisdicción, Roxana Castelli y Celia Cejas.
“A Roxana Castelli la denunciamos porque cuando le presentamos el caso de la desaparición de Luciano, responsabilizando a la policía por una serie de hechos violentos, esta fiscal tomó la decisión de darle la investigación a la propia fuerza denunciada, ocasionando daños irreparables en el proceso, presionando a la familia, amenazando. También se ha denunciado a la segunda fiscal que intervino en la causa, Celia Cejas, por haber pinchado los teléfonos de la familia durante un año y seis meses. Todo esto habla de un proceso de respaldo a la impunidad”, consideró Orieta.
Por otro lado, afirmó que tras la aparición del cuerpo de su hermano comenzó “una etapa nueva”, pero la “lucha es la misma que antes, los ejes que motorizaron nuestra organización son los mismos, la denuncia contra la policía sigue siendo la misma”.
“Nosotros necesitamos que la justicia realmente ponga a disposición de la familia todo la información para esclarecer qué paso con Luciano”, concluyó.
