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El ex juez federal salteño Ricardo Lona fue procesado ayer con prisión preventiva por su actuación en la Masacre de Palomitas, como se conoce al fusilamiento de once presos políticos el 6 de julio de 1976 en una ruta del departamento de General Güemes. La detención de Lona, ordenada por el juez federal Fernando Poviña, se cumplirá transitoriamente en su casa por una indisposición que sufrió al momento del operativo. El procesamiento como cómplice primario de once homicidios agravados por alevosía y premeditación se suma al dictado dos meses atrás por el mismo juez Poviña por los delitos de encubrimiento y prevaricato en el caso del secuestro y desaparición del ex gobernador de Salta Miguel Ragone.
Durante casi una década, Lona salió indemne de todos los procesos por su actuación durante el terrorismo de Estado. En 2004, cuando todavía era camarista, fue sometido a un juicio político justamente por haber consentido y no investigado la Masacre de Palomitas. Frente a las evidencias y a los reclamos de los familiares de los detenidos, incluso antes del fusilamiento, Lona contó con el apoyo de una sólida red de contención en la corporación judicial. Su abogado fue el ex camarista Andrés D’Alessio. Entre los miembros del jury estuvo el ex supremo Augusto Belluscio. Lona logró que declarara a su favor Enrique Petra-cchi, juez de la Corte Suprema recientemente fallecido, y que un amigo suyo, Enrique Paixao, ex funcionario de Raúl Alfonsín, reemplazara a D’Alessio tras su fallecimiento. El Gobierno le aceptó la renuncia tras la absolución.
El avance del proceso penal no fue menos arduo. Por amistad o afinidad con el magistrado se excusaron 67 funcionarios judiciales, entre jueces, abogados y secretarios designados sucesivamente como subrogantes. “A Lona lo protege, por acción u omisión, gente que él mismo dejó nombrada en el Poder Judicial”, explicó el año pasado el fiscal Horacio Azzolín, según publicó Página 12.
A principios de agosto, Poviña lo procesó por la desaparición del ex gobernador Ragone, el 11 de marzo de 1976, más el homicidio del comerciante Santiago Arredes y las heridas que sufrió Margarita Martínez de Leal, testigos del secuestro. El juez dispuso entonces que Lona continuara en libertad, aunque le prohibió salir del país y le trabó un embargo de 500 mil pesos. Entre otras graves falencias de su investigación, Lona no le tomó declaración testimonial a la sobreviviente y testigo, impulsó “medidas contrarias al esclarecimiento de los hechos”, como la entrega del cadáver de Arredes sin la previa realización de la autopsia, declaró a Ragone “legalmente muerto” y dispuso el sobreseimiento provisional de la causa el 31 de mayo de 1976, doce días después de haberla recibido, “sin ordenar ninguna medida de prueba”, según surge del procesamiento. En su descargo, por escrito, Lona sugirió que por entonces “no era posible saber que la policía actuaba en forma contraria a derecho, ocultaba información a las autoridades o incumplía medidas judiciales”.
Ayer sumó su segundo procesamiento, por la Masacre de Palomitas. “Una comisión del Ejército que procedía al traslado de presos subversivos hacia Córdoba fue interceptada y atacada por otros subversivos”, fue la escueta versión de los hechos que Carlos Alberto Mulhall, jefe de la Guarnición Militar Salta, le entregó entonces a Lona. Los presos habían sido sacados del penal de Villa las Rosas y fueron fusilados al costado de la Ruta 34. Los fiscales Azzolín y Juan Manuel Sivila lo acusan en una tercera causa por deficiencias en los trámites de hábeas corpus y la no investigación de denuncias de víctimas y familiares.
“La detención de Lona es una noticia largamente esperada por las víctimas de la represión en Salta”, destacó Sivila. “Se trata de un proceso con muchísimos obstáculos, que incluyeron infinidad de excusaciones. Con la llegada del doctor Poviña la causa tomó un trámite más cercano a la normalidad de lo que debe ser un proceso”, consideró. El representante del Ministerio Público destacó que Lona “fue una persona funcional al plan sistemático de represión ilegal” y que del análisis de los expedientes “surge claramente que se hacían denuncias concretas, gente que era conducida al juzgado luego de la tortura, que denunciaba esas torturas e incluso exhibía las marcas, y sin embargo sus denuncias no tenían ningún tipo de trámite”, recordó.
