.
El pedido fue presentado por los fiscales de la Unidad que investiga los crímenes del Terrorismo de Estado en La Plata ante el Juzgado Federal N° 1 de La Plata, a cargo del subrogante juez Adolfo Gabino Ziulu, habida cuenta de que una de las lineas investigativas en la desaparición de López vincula a agentes de las fuerzas de seguridad con el represor Miguel Etchecolatz, condenado a prisión perpetua en el juicio que López fue testigo y víctima del represor.
«Téngase presente que varias líneas de investigación de esa causa están orientadas en la posible responsabilidad de fuerzas de seguridad que desplegaron su accionar en la dictadura y que conservan en la actualidad lazos que confluyen en posibles mecanismos que tienden a encubrir e impedir el accionar de la justicia sobre tales hechos», destacaron los fiscales en su dictamen.
Según reveló el portal www.fiscales.gob.ar, las irregularidades detectadas por los fiscales comprenden a siete agentes del SPF, incluidos los directores del penal entre 2006 y 2007, por anomalías en el pabellón donde se alojan los represores y que determinaron «la imposibilidad de desarrollar diversas líneas de investigación verosímiles en la desaparición de Jorge Julio López», señalaron Molina y Nogueira.
«Resulta imposible determinar qué personas concurrieron a visitar a los detenidos y quienes se encontraban autorizados en función de haber cumplido los trámites obligatorios de registración. Lejos de importar una falta inocua vinculada a vicios meramente administrativos, la conducta desarrollada por los imputados entrañó consecuencias que, en el contexto aquí expuesto, revisten suma gravedad, como es la imposibilidad de desarrollar diversas líneas de investigación verosímiles en la desaparición de Jorge Julio López», precisan en el dictamen.
Los fiscales precisaron diferencias entre los libros de visita del penal y del pabellón donde están alojados los imputados y condenados por delitos de lesa humanidad «que van desde diferencias en los nombres o número de documento hasta personas que aparecen ingresando al pabellón sin haber sido registradas al ingreso del penal», describieron.
El pedido es el resultado de una investigación iniciada en 2007 a raíz de una denuncia de la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense y de la corroboración aquel mismo año en el penal -durante un allanamiento- de que los imputados del pabellón de lesa humanidad gozaban de un régimen laxo de visitas y del uso del teléfono en horarios no permitidos y por líneas no informadas al Poder Judicial.
Los funcionarios penitenciarios imputados gozan actualmente de la falta de mérito que les dictó en 2008 el ex juez Federal platense Arnaldo Corazza y la presentación de los fiscales busca ahora su procesamiento con el análisis del libro de registro de visitas del pabellón.
Los imputados son los entonces jefes de la Sección Visitas y Correspondencia del penal de Marcos Paz, Diego Antonio González y Rubén Atilio Medina; los superiores inmediatos de ellos, Aníbal Anselmo Cuenca y Marcelo Euvaldo Cuenca, quienes revistaban como jefes de la División Seguridad Interna de la cárcel; el director de Seguridad, Héctor Altamirano; y los directores del penal, Carlos Alberto Grassini y Diego Daniel Díaz.
