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Por Germán Celesia / De las seis unidades de negocios en que el Grupo Clarín propuso dividirse, la primera concentra el grueso de la audiencia y la segunda de la facturación. Esas dos partes serían distribuidas entre los cuatro principales socios, de acuerdo a la propuesta de la empresa. Sin embargo, según el organismo encargado de asegurar el cumplimiento de la Ley, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, existirían gerenciamiento y vínculos societarios cruzados entre las dos primeras unidades, lo que burlaría el espíritu antimonopólico de la ley. Además, los eventuales compradores de las otras unidades de negocios quedarían presos de cláusulas abusivas del Grupo. Por ese motivo, el directorio de la AFSCA resolvió rechazar el plan de adecuación voluntaria e iniciar el proceso oficio, de manera de asegurar el cumplimiento de las reglas avaladas por los tres poderes del Estado.
La reacción del Grupo, junto con su principal socio comercial y periodístico, fue victimizarse y denunciar una especie de complot por motivaciones políticas, obviando las observaciones sobre la propuesta presentada de manera oportuna y suponiendo de antemano que el proceso desarrollado por el organismo de Estado estaría contaminado por una animosidad manifiesta hacia la empresa, que es hoy no solo el más importante grupo de servicios de comunicación del país sino una de las empresas más grandes e influyentes, con un poder económico que se equipara con el de algunos Estados provinciales.
Clarín coloca el tema en un recuadro de tapa, reinterpretado de manera capciosa. “El Gobierno lanzó de apuro una ofensiva contra Clarín”, dice el título, que incluye una falacia – el supuesto “apuro” de una ley con casi cinco años de vigencia – y una suerte de vaguedad, ya que el lector desprevenido podría confundir al grupo de empresas con el diario, denominados de la misma manera. Ricardo Roa advierte que sería “un aviso sobre los tiempos que vienen”, tratando de instalar la supuesta animosidad contar el grupo como si se tratara de una verdad evidente. En su nota habla de “desguace” y no de adecuación, habla del grupo como un “enemigo” del gobierno y no una empresa sujeta al control legal y tergiversa el sentido de la norma vigente: “lucha contra un supuesto monopolio privado culminó con un monopolio estatal y paraestatal”, afirma, sin evidencia que lo avale. Luego habla de “parodia” del presidente del Afsca, de “trámite exprés” y se expone al ridículo al denunciar que se trataría de “ocultar la crisis económica y los coletazos sociales de la crisis económica y la corrupción”.
La Nación se solidariza con su socio comercial – DyN, Papel Prensa, Axpoagro, por mencionar al algunas de ellas – y opta por calificar implícitamente de violenta una decisión del organismo indicado para adoptar una decisión de ese tipo. “Vuelve la embestida contra el Grupo Clarín: será dividido de oficio”, anuncia el diario en el título central de su edición. Así, se trataría de un ataque artero contra el grupo económico y no una decisión administrativa acorde con las normas vigentes. Según el diario, “el Afsca rechazó la propuesta del multimedios y le impondrá su adecuación”, aunque obvia destacar los motivos. Además, dice La Nación: “El Gobierno fijará el precio de los activos y elegirá a los compradores”. Esta interpretación induce a pensar al lector que el poderoso grupo económico y comunicacional quedaría a merced de la voluntad del organismo administrativo.
En su edición impresa, Clarín califica de “ataque” un anuncio sobre la aplicación efectiva de la ley demorada por la acción del propio grupo económico. “El Gobierno lanzó un nuevo ataque contra el Grupo Clarín”, dice, victimizándose y relacionándola con otros supuestos “ataques contra la empresa”, empezando por la propia Ley, impulsada por el hoy vicegobernador bonaerense, Gabriel Mariotto, aprobada por ambas cámaras legislativas y convalidada por la propia Corte Suprema de Justicia, todo en el marco de una serie de audiencias públicas promovidas por el ex Comfer y luego por el máximo tribunal de justicia.
Para Clarín, el paso administrativo del organismo, adoptada para dar cumplimiento a la ley, es un “ataque a la libertad de prensa”. Así, insiste implícitamente en el argumento de que sólo una posición dominante en el mercado permitiría ejercerla. “Con acusaciones infundadas, la mayoría kirchnerista del organismo decidió rechazar el plan de adecuación voluntaria y votó avanzar de oficio en el remate de los medios audiovisuales del grupo”, dice el matutino, obviando el detalle de los presuntos incumplimientos dados a conocer por el Afsca e instalando la idea de que se busca “rematar” a los medios audiovisuales del grupo empresario al precio que los compradores estén dispuestos a pagar y no en función de las pretensiones del vendedor.
Según Alejandro Alfie, no el organismo mixto – lo integran legisladores y funcionario del Ejecutivo – sino “el Gobierno decidirá qué medios audiovisuales va a quitarle al Grupo Clarín y a quién se los va a dar”, como si no debiera atenerse a las normativas legales. En tato, “el Grupo Clarín desmiente las acusaciones de Sabbatella”, insiste en postular la existencia de un “ataque a la libertad de prensa” en el inicio del proceso e incluso lo cuestiona desde lo legal, cuando fue convalidado por la Justicia. Según el Grupo, se trataría de un “nuevo avance ilegal del Gobierno para apropiarse de los medios”: habla como si se tratara de transferir las licencias excedentes al Estado nacional.
En La Nación, el artículo firmado por José Cretazz insiste en el uso de la palabra “embestida” para negar racionalidad a la decisión del gobierno, para tratarla como si se tratara de un ataque brutal y no una decisión administrativa adoptada en función de la interpretación realizada de la normativa vigente. Según el “editor” del matutino, “El Gobierno sorprendió al regresar a una de sus batallas preferidas, aunque olvidada en los últimos tiempos. Golpear y fijar agenda, un clásico K”. Así, vuelve a menospreciar la iniciativa política del oficialismo – próxima a cumplir cinco años – y para inducir a pensar que se trataría de un castigo por motivaciones ajenas a lo legal.
Según Crettaz, “lejos en el tiempo quedaron las promesas de democratización y pluralidad de voces”, como si esa situación fuera una falencia del gobierno y no existiera vinculación con los incumplimientos del principal grupo de servicios audiovisuales. Según dice, “la credibilidad de la norma está irremediablemente herida”, lo que induce a pensar que habría que cambiarla.
La interpretación del “editor” de La Nación pare repetirse en el diario El Cronista. “Vuelve un clásico: el Gobierno amenaza con rematar Canal 13, TN y Radio Mitre”, afirma, como si el Poder Ejecutivo
– y no el organismo mixto – tratara de amedrentar a las voces “críticas” al proceso político en curso y buscara una desintegración arbitraria del conglomerado de empresas. El planteamiento de Ámbito Financiero una vez más es bien diferente y opta por un estilo moderado en su tapa, donde en un recuadro pude leerse el siguiente título: “Medios: ordenan a Clarín desinversión de oficio”. Parece claro que los medios hegemónicos quieren parar ese proceso, y por eso anuncian nuevas trabas por vía legal.
