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“¿Dónde está Luciano Arruga?». Paso a paso, esa simple pero a la vez compleja pregunta deberá ser desentrañada a partir de un plan de acción que fijó la justicia para cumplir con el pedido de habeas corpus presentado por la familia del joven, desaparecido en 2009, tras ser detenido por la Policía Bonaerense. El viernes último, se llevó a cabo la segunda audiencia, luego del compromiso formal de las autoridades de Seguridad y Derechos Humanos de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires para dar con su paradero. Se establecieron medidas inmediatas para avanzar con la búsqueda de forma coordinada, y se cuestionó la inacción de Asuntos Internos de la fuerza provincial en la investigación de una desaparición forzada de persona.
El juez federal de Morón, Juan Pablo Salas, llevó adelante el segundo encuentro en el que se dejaron sentadas las pautas de trabajo para coordinar esfuerzos entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y el de Buenos Aires. Lo mismo entre la Secretaría de Derechos Humanos que comanda Martín Fresneda y la de su par provincial, Guido Carlotto. El objetivo primordial será facilitar al Juzgado Federal Nº 1 datos relativos a la investigación. El magistrado instauró también un cronograma semanal de reuniones para un monitoreo «sistemático» de los avances, que podría tener su primera instancia este mismo jueves. Algunos de los próximos pasos serán mantenidos en confidencialidad para evitar que las pruebas puedan ser frustradas. Dos fiscales y un juez tienen pendiente un pedido de juicio político por su accionar en el expediente.
Asuntos Internos bonaerense cobró mucha visibilidad por la apertura de los sumarios contra los ocho oficiales del Destacamento de Lomas del Mirador, último dato conocido sobre el paradero de Arruga. A la mayoría se los había sancionado por cuestiones formales tales como haberse desviado de su cuadrícula o permanecer detenidos por tres horas frente a un descampado sin justificación. Todos estos movimientos, se presume, formaron parte del hecho, y algunos, del posterior encubrimiento. Nunca se terminó de investigar por qué los policías lavaban los móviles, cuando la segunda fiscal dispuso pericias con luminol para descubrir si había rastros de sangre en los vehículos.
Desde Nación se acordó el soporte técnico a través de un software que permitirá sistematizar y procesar información, y –como adelantó Tiempo Argentino– se aplicarán protocolos de acompañamiento y seguimiento a testigos, varios de los cuales han denunciado hostigamiento por parte de policías. A su vez, se completarán rastrillajes con la colaboración del Equipo Argentino de Antropología Forense, que en las próximas semanas aportará su experiencia en el trabajo de campo. La Prefectura también tendrá tareas específicas que definirá la justicia como auxiliar en pericias.
A partir de ahora, las autoridades provinciales quedaron comprometidas ante el juzgado para producir información y colaborar con la Nación en base a la hipótesis de una desaparición forzada de persona. Los resultados alimentarán la causa principal en la que Salas investiga a los policías.
Por su parte, ambas carteras de Derechos Humanos coordinarán dos programas de recompensas, con montos elevados, para quienes pudieran aportar datos sobre la desaparición de Luciano. Además, se definirán acciones de promoción, cuyos detalles se alistarán desde la próxima semana.
