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La actividad, organizada por la Agrupación Rodolfo Walsh, contó con la presencia de la militante de la Federación Argentina LGBT y abogada, Analía Mas, y con las integrantes del Seminario Cuerpos Sexuados, Aborto y Comunicación que se dicta en esta casa de estudios, Verónica Marzano y Ana Mines.
La legisladora porteña analizó las diferentes normativas que en Argentina legislan en torno al aborto, como el Código Civil, el Código Penal, y las declaraciones interpretativas que se encuentran en la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño que se redactaron durante los años 90’.
“A través del derecho al aborto no punible que hoy se encuentra vigente se pueden garantizar todos los abortos”, consideró Rachid, y explicó que esa posibilidad se da a través de lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de La Nación en el fallo F.A.L, en el que se permitió abortar a una joven de 15 años que había sido violada, y también por la definición de salud como “completo bienestar físico, psíquico y social” que estableció Organización Mundial de la Salud.
“El fallo de la Corte establece, al igual que el Código Penal, que el aborto no será punible cuando se trate de una persona violada o cuando corra riesgo la salud y la vida de la persona, y también insta a todos los estados que conforman nuestro país a realizar un protocolo en la misma línea interpretativa que el fallo”, dijo y agregó: “La mayoría de los distritos de Argentina han adherido a la definición que da la OMS al término salud. Todo esto hace que desde un punto de vista jurídico, a través de lo que dice el fallo de la Corte Suprema y los distritos que adhieren a lo que establece la OMS, los derechos estarían jurídicamente garantizados, porque no se me ocurre ningún caso de aborto en donde no se esté hablando de los casos no punibles”.
“Lo que falta, además de hacer efectivo este derecho a través de esas líneas jurídicas que lo habilitan, es dar esta batalla simbólica por la que sí hace falta una ley nacional que garantice el aborto legal, seguro y gratuito, porque no siempre garantizar derechos es lograr esa victoria simbólica de igualdad”, concluyó la legisladora.
Por su parte, Analía Mas expresó que en Argentina “abortamos en promedio unas 600 mil mujeres por año, aun cuando hay una ley que nos condena”, y lamentó que en los casos de abortos clandestinos en que las mujeres pierden la vida “son las personas que no tienen recursos para realizarlo en forma segura”.
La abogada, que participó en la redacción de la ley de aborto no punible que se aprobó en la legislatura porteña en 2012, recordó que mientras debatían esa normativa el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires “sacó un protocolo que lo único que hacía era violar todos los parámetros que fijaba el fallo de la Corte Suprema en el caso F.A.L”.
“A través de un amparo que presentamos en la justicia, ante una jueza que por suerte nos escuchó, pudimos modificar ese protocolo en todos los puntos que contradecían el fallo, pero lamentablemente es la única regulación que hay porque Macri vetó la ley que se aprobó en la legislatura”, agregó.
También explicó que a través de otro recurso presentado en la justicia, lograron invalidar el veto de Macri a la ley de aborto no punible, pero que sigue sin poder aplicarse porque la medida fue apelda.
“Durante los días que sucedía todo esto, Macri apareció en los medios en una cena que tuvo en la Sociedad Rural y, muy suelto de cuerpo anunció que en la ciudad se iba a realizar un aborto no punible de una chica que fue víctima de una red de trata”, señaló Mas, y contó que la mujer fue hostigada por un sacerdote que realizó una misa en la puerta de su casa: “Este cura, Fernando Llambías, hizo esa misa en la que le dijo que en el mismo momento en que se realice el aborto, todas las campanas de todas las iglesias de la ciudad de Buenos Aires iban a sonar, pero el aborto no se pudo practicar porque acudieron a una jueza que no permitió que se llevara adelante”.
La docente del Seminario Cuerpos Sexuados, Aborto y Comunicación de esta casa de estudios, Verónica Marzano, dijo que “debemos avanzar en una definición de los Derechos Humanos, porque a través de la criminalización del aborto se violan muchos de esos derechos”, y explicó que en ese sentido, desde la organización Línea Aborto que se dedica a responder llamados de mujeres que quieren realizar un aborto seguro, confeccionaron el manual “Todo lo que querés saber sobre cómo hacerse un aborto con pastillas”.
También manifestó que el método con pastillas de Misoprostol es uno de los más seguros, y consideró que cualquier legislación sobre aborto legal, seguro y gratuito debería contemplar la producción pública de ese medicamento.
En el mismo sentido, Ana Mines, resaltó la importancia de producir el Misoprostol ya que es un método seguro para practicar un aborto. También dijo que “las mujeres no están esperando que el Estado les dé un marco de legalidad, sino miremos la cantidad de abortos que se realizan en Argentina”.
