El Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata, presidido por el juez Carlos Rozanski, continuó hoy con las audiencias de alegatos en el juicio oral por crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención conocido como “La Cacha”.
El fiscal Hernán Schapiro pidió que los imputados sean condenados por los delitos de genocidio, lesa humanidad y violación del derecho de gentes.
Schapiro explicó que el de genocidio “es un delito que comprende cualquiera de los actos perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso”.
Lo crímenes perpetrados en La Cacha “comprenden la matanza y lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial, además de medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo o traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo”, agregó.
En el juicio de La Plata se juzga a 21 acusados, entre los que se encuentra el ex comisario Miguel Osvaldo Etchecolatz, por crímenes en perjuicio de 147 víctimas y se investigan los delitos de homicidio, privación ilegítima de la libertad y retención y ocultamiento de un menor de 10 años, entre ellos el asesinato de Laura Carlotto.
El centro clandestino de detención La Cacha estaba ubicado entre las calles 191, 196, 47 y 52 de la ciudad de La Plata, contiguo al penal de Olmos y en las antiguas instalaciones de Radio Provincia; funcionó desde 1976 a 1978 y además operó como una maternidad clandestina para las detenidas que se encontraban embarazadas.
Los alegatos, que continuarán este viernes, fueron difundidos durante toda la jornada por organismos de derechos humanos y diversas facultades de la UNLP, entre ellas la de Periodismo y Comunicación Social.
Hoy se desplegó fuera del Tribunal una nutrida agenda de actividades, que incluyeron muestras fotográficas, relatos históricos y una radio abierta.
Estas acciones, organizadas por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y las Mesas por Memoria Verdad y Justicia, integrada por la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP.
Jorge Jaunarena, secretario de DD.HH. de la unidad académica destacó que “es un momento histórico del que la Facultad no puede estar ausente ya que siempre estuvo comprometida con la lucha de los organismos de derechos humanos y la política que en esa materia lleva adelante el gobierno nacional desde 2003”.
“Somos una universidad pública y tenemos la obligación de acompañar al pueblo en instancias como la que se están viviendo y nuestra historia como facultad certifica esta gesta y otras que luchas que puedan darle voz a las víctimas de la dictadura más cruenta de nuestra historia”, completó.
