Roberto Galeano fue el supervisor del operativo de seguridad desplegado por la Gendarmería el 30 de julio en la Autopista Panamericana, ante una manifestación realizada frente a la puerta de la fábrica Lear y había sido denunciado por miembros del PTS como un “inflitrado en la manifestación”.
Berni entendió que “Galeano incumplió con las responsabilidades contenidas en los »Criterios mínimos sobre actuación de los cuerpos policiales y las fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas», documento elaborado con el aporte de organizaciones sociales que fija el marco de actuación de las fuerzas federales”, se indicó en el comunicado.
“El desempeño profesional y eficiente de las fuerzas de seguridad federales es requerimiento indispensable para el cumplimiento de nuestra misión de hacer cesar delitos y contravenciones. Para ello el ministerio de Seguridad capacita permanentemente a las fuerzas y supervisa su desempeño en el territorio con personal propio”, remarcó Berni.
“La conducta del señor Galeano en episodios recientes contradice los lineamientos ministeriales de prudencia y de profesionalidad en la gestión de la seguridad pública, por lo cual he decidido terminar su contrato”, agregó.
En cumplimiento de directivas políticas vigentes desde 2003 que preservan la integridad física de las personas en manifestaciones públicas -destacaron desde la Secretaría de Seguridad- , un funcionario dependiente del ministerio de Seguridad debe estar a cargo de los procedimientos que requieren el empleo de la fuerza legítima en el terreno, para asegurar que la intervención sea proporcional y eficaz.
Por su parte, el periodista Horacio Verbitsky escribe este domingo en el diario Página 12: “La presidente CFK despidió al Coordinador de las fuerzas de seguridad Roberto Angel Galeano y le hizo asumir la decisión al Secretario de Seguridad Sergio Berni, como precio para conservarle el cargo, aunque fue él quien impartió las órdenes ejecutadas por el coronel carapintada. A Berni no le preocupa la exactitud de lo que afirma. El jueves un comunicado del Ministerio de Seguridad pretendió que el jefe del destacamento de Gendarmería de Campo de Mayo, Juan Alberto López Torales, había actuado de acuerdo con la ley y seguido los procedimientos establecidos para liberar la ruta. El mismo día, Berni dijo que el automovilista Christian Romero no fue acusado de atropellar a López Torales, sino por violar las leyes de tránsito. Pero la imputación de la Gendarmería contra Romero en la causa judicial es por acelerar, atropellar y lesionar al gigante saltarín. También pretendió que Galeano era su asesor y que no tenía autoridad sobre la Gendarmería, cuando todos saben que no es así: Berni quiso nombrarlo como Subsecretario de Seguridad pero Nilda Garré, que como ministra de Defensa lo había pasado a retiro por su participación en el alzamiento carapintada, dijo que sería una incongruencia y Cristina rehusó firmar el decreto. Pero Garré dejó Seguridad en junio de 2013, y en septiembre Berni contrató a Galeano como coordinador de las fuerzas de seguridad. No como asesor. Ese es el contrato que ayer Cristina ordenó rescindir. El comunicado, que contradice todo lo que Berni venía diciendo, ni siquiera fue incluido en la página electrónica del Ministerio y la presidencia se encargó de que llegara a los medios, comenzando por la agencia oficial Télam, pese a que atribuye la decisión a Berni. Dice que “Galeano incumplió con las responsabilidades contenidas en los ‘Criterios mínimos sobre actuación de los cuerpos policiales y las fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas’, documento elaborado con el aporte de organizaciones sociales que fija el marco de actuación de las fuerzas federales” y que su conducta “contradice los lineamientos ministeriales de prudencia y de profesionalidad en la gestión de la seguridad pública”. A tan alto precio personal, Berni conservó su cargo y el del gendarme que siguió sus directivas. Pero el problema va mucho más allá del ahora despedido comando militar. El comunicado ratificó las “directivas políticas vigentes desde 2003 que preservan la integridad física de las personas en manifestaciones públicas” por lo cual un funcionario del ministerio “debe estar a cargo de los procedimientos que requieren el empleo de la fuerza legítima en el terreno, para asegurar que la intervención sea proporcional y eficaz”. Sin embargo, y por detrás de la polémica que entretiene a los gobiernos porteño y nacional, las respectivas policías practican una violencia institucional exacerbada como forma de control del territorio, ya sea ante protestas sociales o hechos sindicados como delictivos. Esto va asociado a la participación de sectores de las propias fuerzas en los delitos que deben combatir y al castigo concentrado en militantes sociales o vecinos humildes. La manipulación informativa presenta esos hechos como episodios de una batalla épica con lo que en forma genérica se denomina el narcotráfico, de lo cual luego no se encuentra huella en los expedientes judiciales, por inexistencia de delito. Un periodismo sin más fuente que los funcionarios interesados contribuye a crear un clima que a su vez justifica nuevas actuaciones similares. Lo más preocupante es la idea, basada en encuestas de opinión, de que esas prácticas aberrantes cuentan con amplia aceptación social y construyen una candidatura. Hay tanta competencia que el pionero Sergio Massa corre el riesgo de parecer tibio y tolerante”.
