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El martes próximo se iniciará la etapa de alegatos en el juicio al represor Reynaldo Bignone y otros ocho acusados de delitos de lesa humanidad contra obreros de la zona norte del Gran Buenos Aires, con el pedido de la fiscalía de investigar a los propietarios de las fábricas a las que pertenecían los trabajadores.
«Vamos a solicitar una investigación seria respecto de los civiles que resultaban propietarios de los astilleros Astarsa y Mestrina y de las fábricas de cerámica Lozadur y Cattaneo», adelantó el fiscal de juicio Marcelo García Berro, en declaraciones a Fiscales.gob.ar, en el marco del juicio por delitos cometidos en la guarnición militar Campo de Mayo.
El alegato tomará en cuenta el testimonio de Carlos Humberto Osorio, quien dio detalles por videoconferencia desde Washington sobre los documentos desclasificados por el Departamento de Estado norteamaricano sobre la represión a los trabajadores de la zona norte del conurbano bonaerense.
«Osorio nos ilustró sobre cómo eran obtenidos los datos que le brindaba la Embajada de los Estados Unidos en el país al Departamento de Estado durante la última dictadura militar», explicó el fiscal al puntualizar que uno de los documentos «se refería a la ejecución de 17 personas vinculadas al gremio de ceramistas que habían sido asesinadas en Campo de Mayo».
Agregó que la documentación «corrobora que en ese lugar funcionó además de un centro clandestino de detención, uno de exterminio de personas y posterior ocultamiento de sus cuerpos».
En el debate, que comenzó el 8 de julio pasado, el Tribunal Oral Federal N°1 de San Martín son juzgados, además de Bignone, el ex jefe de la Zona Militar IV, Santiago Omar Riveros; el ex coronel Luis Sadí Pepa; y el ex coronel Eugenio Gauñabens Perello.
También están acusados los ex prefectos Juan Carlos Gerardi, Roberto Julio Rossin, Alejandro Puertas y Héctor Omar Maldonado, y el ex policía Juan Demetrio Luna por los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidio.
