Las tres iniciativas fueron aprobadas por amplio margen y la próxima semana serán aprobadas por la Cámara baja para que sean convertidas en Ley.
La modificación a la Ley de Abastecimiento obtuvo 38 votos a favor y 27 en contra, al igual que el Observatorio de Precios.
Mientras que la creación del nuevo fuero nacional recibió 53 votos a favor y 11 en contra, ya que, en general, el radicalismo apoyó la medida.
La modificación a la Ley de Abastecimiento busca un “marco regulatorio para las relaciones de producción, construcción, procesamiento, comercio y consumo, sustentado en la constitucionalidad de las acciones de intervención estatal para evitar abusos y la apropiación indebida del
excedente en la cadena de valor”.
Establece que el Ejecutivo podrá intervenir en los “estados previos de la cadena de valor, sin contacto directo con el consumidor, fijando márgenes de utilidad, precios de referencia, así como niveles máximos y mínimos de precios para la provisión de bienes y servicios imprescindibles”.
La iniciativa excluye de su alcance a las micro, pequeñas y medianas empresas que no posean posición dominante en el mercado”.
El objetivo es “evitar abusos y proteger el bienestar general de la población, garantizándole sus necesidades básicas esenciales”.
El proyecto prevé que frente a situaciones de desabastecimiento o escasez el Ejecutivo podrá disponer su producción aún a pérdida de la unidad económica, pudiendo esta pedir una compensación.
Serán sancionados quienes suban artificial o injustificadamente los precios o que acaparen materias primas.
La autoridad de aplicación deberá requerir autorización judicial para sancionar con inhabilitación especial o clausura temporal.
También se podrá llevar adelante la clausura “inmediata” de la empresa por cuestiones de infracción gravísimas, prorrogable por hasta tres meses sólo con autorización judicial.
Asimismo, las empresas deberán informar a la autoridad de aplicación sobre sus costos y ganancias, pero esta no podrá difundirlos.
El segundo proyecto crea un servicio de conciliación de las relaciones de consumo, la Auditoría en las Relaciones de Consumo y la Justicia Federal y Nacional en las Relaciones de Consumo.
Finalmente, el Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios será un organismo técnico para asistir a la Secretaría de Comercio en el monitoreo de los precios y la disponibilidad de Insumos.
El oficialista santacruceño Pablo González sostuvo que esta ley “viene a morigerar pero a establecer nuevos cánones en las relaciones de consumo”. “Estos proyectos están en muchos países del mundo”, destacó.
En tanto, el radical formoseño Luis Naidenoff cuestionó la nueva Ley de Abastecimiento al decir que “vulnera el orden constitucional” y que “es irracional desde el punto de vista de los incentivos de los comerciantes que piensen en invertir”.
El peronista disidente Juan Carlos Romero señaló que la ley de Abastecimiento dijo que “está ligada a la crisis económica”.
