Conducida por el vicepresidente Amado Boudou, la sesión del Senado de la Nación arrancó con el debate del proyecto para el pago local de la deuda externa, que busca garantizar a los bonistas que entraron a los canjes de 2005 y 2010 el cobro de lo que Argentina depositó en el Banco de Nueva York, bloqueado por el juez neoyorkino Thomas Griesa tras el reclamo de los fondos buitre.
El proyecto, enviado al Congreso por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, propone declarar de interés público la reestructuración de la deuda y determina el pago soberano local que “comprenda al 100 por ciento de los Tenedores de Títulos Públicos de la República Argentina, en condiciones justas, equitativas, legales y sustentables”.
Antes, el oficialismo en el Senado rechazó una iniciativa de la oposición que planteó un pedido de licencia de Boudou. El pedido del bloque de la UCR, respaldado por el socialismo, UNEN y el peronismo disidente, motivó un fuerte repudio de parte de los senadores del Frente para la Victoria.
Los senadores también tienen previsto debatir el paquete de proyectos de defensa del consumidor que abarcan la reforma a la Ley de Abastecimiento.
La nueva Ley de Abastecimiento propone un “marco regulatorio para las relaciones de producción, construcción, procesamiento, comercio y consumo sustentado en la constitucionalidad de las acciones de intervención estatal para evitar abusos y la apropiación indebida del excedente de la cadena de valor”.
El oficialismo modificó la iniciativa que originalmente envió el Poder Ejecutivo, al excluir de la regulación a las pequeñas empresas y a las medianas que no tengan un rol predominante en el mercado.
El otro proyecto del paquete de leyes de defensa del consumidor crea el Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios, como un organismo técnico para asistir a la Secretaría de Comercio en el monitoreo, relevamiento y sistematización de precios y la disponibilidad de insumos, bienes y servicios comercializados y prestados en el país.
La última iniciativa crea un fuero en la justicia nacional que debe encausar y dar solución a las controversias originadas en el ámbito de las relaciones de consumo.
El proyecto impulsa la creación de un Servicio de Conciliación de las Relaciones de Consumo; una Auditoría en las Relaciones de Consumo y la Justicia Federal y Nacional en las Relaciones de Consumo.
