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Argimiro Eduardo Dodero, quien se desempeñaba como secretario gremial de la Junta Nacional de Granos de Ingeniero White y que estuvo detenido tres meses en el buque «9 de Julio», un centro clandestino ubicado en la Base Naval de Puerto Belgrano, declaró hoy en el marco del juicio por delitos de lesa humanidad por el cual se encuentran imputadas 25 personas.
Dodero, de 69 años, relató que trabajó «en la Junta Nacional de Granos desde 1964 hasta el 24 marzo de 1976, era secretario General de la Federación Argentina de la Junta Nacional de Granos». El testigo dijo que el 25 de marzo del 76 personal de Prefectura lo llevó detenido cuando estaba en la casa de su madre, ubicada en Ingeniero White.
«Me llevan a la Prefectura, un lugar que era un calabozo grande, transcurrre el día hasta las 9 de la noche cuando se sienten movimientos y nos sacan de ahí», relató.
En ese contexto comentó que «había varios compañeros, nos tapan los ojos, nos ponen capuchas, después de un trayecto paró el camión, supongo que era un barco, nos hacen subir y nos ponen en un camarote chiquito».
«Me taparon los ojos con una venda y con una capucha que se cerraba atrás, toda oscura; cuando me tiran en el camarote, me saco la capucha, era un camarote con ojos de buey con soldados, era un barco preparado para ésta circunstancia», agregó.
Señaló que «me preguntaban sobre la operatividad de la Junta Nacional de Granos, dónde teníamos la plata, querían conocer como se movía la Junta Nacional de Granos».
El testigo también expresó que «cuando vamos presos estábamos discutiendo las paritarias, el directorio obrero, un porcentaje de la exportación, varias cosas que evidentemente no le gustaba a algunos».
«Eran amenazas psicológicas, me apretaban la capucha de atrás, eran voces distintas, cuando uno hablaba el resto se callaba”, dijo.
Dodero brindó su testimonio en el marco del juicio por la causa 1.103, caratulada «Fracassi, Eduardo René y otros por privación ilegal de la libertad agravada, reiterada, aplicación de tormentos reiterada, homicidio agravado reiterado a Aguilar, Guillermo Aníbal y otros».
Los detenidos están imputados por privaciones ilegales de la libertad, tormentos y homicidios contra un total de 66 víctimas.
