.
Se trata del ex juez Ángel Córdoba y del ex fiscal Roberto Mazzoni, quienes se desempeñaron en la Justicia Federal del Chaco durante la dictadura y desde 2012 permanecen detenidos acusados abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y encubrimiento de tormentos que militares y policías cometieron contra nueve presos políticos en Resistencia.
El juez federal Carlos Skidelsky elevó a juicio oral la causa que imputa a ambos ex funcionarios de la Justicia y el Tribunal Oral de Resistencia debería decidir la fecha de inicio del debate.
Diego Vigay, uno de los fiscales de la causa, dijo a NA que el juicio podría comenzar antes de fin de año y que «el peso de los testimonios de sobrevivientes y documentos registrados en la investigación comprometen seriamente la situación» de los procesados.
«Se ha probado, a partir de testimonios y documentales, el rol que cumplieron estos funcionarios de la justicia federal chaqueña y la palabra más gráfica para definir su accionar es connivencia», expresó el integrante del Ministerio Público.
Córdoba y Mazzoni están acusados de haber actuado en complicidad con la Policía del Chaco y las fuerzas federales cuando no tomaban o desestimaban las denuncias de los presos políticos o sus familiares sobre persecuciones, detenciones ilegales y torturas.
De acuerdo al expediente, al que tuvo acceso Noticias Argentinas, el rol de ambos fue el de encubridores necesarios de crímenes de lesa humanidad, sin los cuales los delitos o varios de ellos no se hubiesen podido cometer en la jurisdicción.
Córdoba y Mazzoni aparecen en el texto judicial como eslabones necesarios para que el plan represivo tuviera éxito en el Chaco, teniendo en cuenta que los grupos de tarea detenían y torturaban a militantes políticos a sabiendas de que el juez y el fiscal iban a desestimar las denuncias que las víctimas promovieran.
Según reveló la investigación, ambos acusados lideraron una zona liberada para que policías y militares pudieran actuar con impunidad judicial, en un contexto que hace que los delitos imputados sean imprescriptibles pese al paso del tiempo.
Entre las nueve víctimas, sobrevivientes de la dictadura, aparece el testimonio de una mujer que relató que fue llevada varias veces al juzgado donde estaban Córdoba y Mazzoni cuando estuvo detenida: a pesar de las muestras de las torturas, golpes y quemaduras con cigarrillo en varias partes de su cuerpo, ambos funcionarios no promovieron investigaciones.
También, los fiscales registraron relatos de mayor morbosidad como uno que acusa Mazzoni de jugar a la amenaza permanente de muerte, con un revolver en las manos, para que el detenido declarara sobre el paradero de sus compañeros de agrupación política.
«Esto se demuestra en las distintas denuncias que realizaban los detenidos por razones políticas al momento de prestar declaración indagatoria, los casos de trámite de los Habeas Corpus, la declaración y asunción de la competencia federal», explicó el fiscal Vigay.
Además, dijo el funcionario, están comprometidos por «la no realización de medida investigativa alguna en las causas por privación ilegítima de la libertad y la inexistencia de compulsas para investigar los delitos cuya sospecha de comisión era evidente».
Los aportes de Córdoba y Mazzoni agregó Vigay «fueron sustanciales para los represores porque contaban con la impunidad de sus acciones y con el aseguramiento de que podían proseguir con la ejecución del mismo, esto es, detener personas, torturarlas, privarlas de la libertad, desaparecerlas de la faz de la tierra».
Con la Unidad Fiscal de Derechos Humanos, el Chaco avanza con un proceso que, por primera vez, juzgará la participación de dos funcionarios civiles en los crímenes de la dictadura, entre 1976 y 1983.
