El juez federal de Mar del Plata, Alfredo López, dictó hoy una medida cautelar que dejó sin efecto aumentos en la tarifa de gas que alcanzaban el 400 por ciento, decisión que fue tomada tras el recurso de amparo presentado por la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredón, en conjunto con distintas ONG.
El Defensor del Pueblo de General Pueyrredón, Fernando Rizzi, dijo que la resolución, que ordena a la empresa Camuzzi retrotraer las tarifas al 31 de marzo de 2014, “ha sido analizada hoy en el ámbito de la Asamblea de Defensores del Pueblo y de la República Argentina, de la que participó también el Auditor General de la Nación, Leandro Despouy”.
“Como parte de la medida, también se determinó que la empresa prestadora del servicio devuelva a los usuarios el excedente cobrado”, resaltó.
El funcionario manifestó que “si bien aún no se conocen grandes detalles de la medida», el lunes próximo brindará una conferencia de prensa en la defensoría ubicada en la calle Belgrano y San Luis «para dar más detalles al respecto”.
“Es muy importante el efecto de esta decisión del juez federal marplatense” aseguró Rizzi “ya que es un precedente nacional” y es así “lo que se conversó hoy con el resto de los Defensores del Pueblo del país, donde también la Auditoría General de la Nación se mostró interesada”.
“Realmente creemos que se hizo justicia, frente a una situación irracional, injusta y sobre todo que castiga a los hogares más modestos” enfatizó Rizzi.
Como se recordará una acción judicial interpuesta por la ONG, Acuba con la adhesión de la Defensoría del Pueblo marplatense y la Liga de Amas de Casa, tuvo por resultado una medida cautelar que suspende los efectos del cuadro tarifario del gas dispuesto por el gobierno nacional en el mes de abril pasado.
La decisión establece que la empresa Camuzzi así como el Estado nacional, se abstendrán de aplicar los nuevos valores hasta que se resuelva la cuestión de fondo, amparándose en la protección de los derechos de los usuarios a la información, a la participación en audiencia pública, a la razonabilidad y proporcionalidad de la tarifa, a la salud y a la calidad de vida.
