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Pese a la orden expresa de la jueza María Gabriela López Iñiguez de allanar el sector del asentamiento Papa Francisco ocupado por organizaciones narco,ese sector no pudo ser desalojado.
El frustrado procedimiento había sido dispuesto por el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, para hacer frente al requerimiento de la magistrada, con efectivos de la Gendarmería Nacional desplazados desde la ciudad Rosario, de acuerdo a los voceros consultados.
Según las fuentes policiales consignaron a la agencia Télam, anoche a las 23 el allanamiento fue cancelado por el Ministerio Público Fiscal porteño, que estimó que el predio involucrado no formaba parte de las órdenes emitidas por la jueza, a pesar de que los alcances de esa instrucción habían sido incluso ratificada por la Cámara.
La titular del Juzgado N° 14 en lo Penal había exigido explicaciones por escrito a la Policía Metropolitana y a la Procuración porteña por su negativa a completar los allanamientos del sector considerado más sensible del predio usurpado en la Villa 20 el sábado pasado.
En su escrito, la magistrada reprochó a las autoridades porteñas haber informado erróneamente que el procedimiento se había completado, tras verificar que el sector que alojaría “los focos delincuenciales” más problemáticos no había sido allanado en desobediencia de sus instrucciones. «El sector que no se liberó es el mismo que el fiscal Carlos Rolero denunció en la causa como el más problemático”, señaló la jueza en una resolución en la que cuestionó que los efectivos de la Policía Metropolitana se hubieran negado a intervenir en el sector denominado “de los paraguayos”, sospechado de ser refugio de una red de narcotraficantes.
La orden de López Iñiguez incluía el sector que se extiende a modo de pasillo entre la línea imaginaria que delinea el paredón de la Policía Federal Argentina perpendicular a la Avenida Fernández de la Cruz y la calle Escalada, lindero a la manzana 30 de la Villa 20.
Al término del operativo realizado el sábado por la Policía Metropolitana con respaldo de la Gendarmería Nacional, las autoridades policiales porteñas dieron por cumplido el desalojo. Al día siguiente la jueza constató que en realidad la fuerza policial porteña se había negado a cumplir con la orden en el sector más conflictivo, sin informar ni consultar al juzgado al respecto.
