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Después de 6 años de investigación, los abogados de los policías Rubén Darío Suárez, Ariel Emiliano Gómez y Pablo Balbuena, detenidos por el asesinato del joven, denunciaron ante la Fiscalía General la presunta incitación a falso testimonio por parte del organismo de Derechos Humanos.
En marzo de 2007, Gabriel Alejandro Blanco, de 21 años fue apresado en La Matanza y murió en el calabozo. La policía dijo que se había suicidado, pero la familia siempre sostuvo que lo habían matado. Una autopsia determinó que fue golpeado.
“La investigación sobre el asesinato de Gabriel Blanco, fue fortalecida por la denuncia de quienes compartieron con él la detención –desarrolló Pimentel–. Pero los abogados de los imputados citaron a dos presos a los que les hicieron decir que la APDH les había insinuado que denunciando a la policía iban a obtener mejoras en su situación carcelaria y procesal”.
En diálogo con esta agencia, continuó: “Lo grave de esta situación es que los abogados sin escrúpulos utilizan a estos dos ciudadanos privados de su libertad, que son parte del sector más vulnerable de la sociedad. Presentamos un pedido de desestimación debido a lo infundado e inmoral de la situación, pero el Ministerio Público Fiscal le dio sustento a la denuncia y la sostuvo diciendo que era muy temprano el pedido, que era necesario seguir investigando, por lo que la causa todavía está abierta”.
Al respecto, Pimentel analizó que la amenaza judicial contra los que luchan por la Verdad y la Justicia “es parte de esta connivencia que venimos denunciando hace muchos años entre sectores de la policía, el Poder Judicial y el político” al considerar que “la corrupción que se vive y la vinculación de las fuerzas de seguridad con el delito en todos sus niveles no sería posible sin ese apoyo”.
“Este sostenimiento de parte del Ministerio Público tiene que ver con que la APDH junto al CELS y familiares de Luciano Arruga han denunciado hace dos años y presentado dos jurys de enjuiciamiento a los fiscales y al juez de garantías”, dijo y agregó que “extraoficialmente algún fiscal con independencia jurídica nos dijo que más de una persona está esperando que se accione contra nosotros porque no nos perdonan nuestra voluntad de actuar con los elementos de la Constitución”
Asimismo, agregó que “quien quiera probar nuestra participación en la vida pública lo puede hacer, porque es un organismo creado hace 30 años en La Matanza y 40 en la Argentina y que acompaña a los sectores más postergados, violados en sus derechos. Siempre lo hemos hecho desde un respeto absoluto hacia a las víctimas y con un mecanismo encuadrado en la ética y la moral”.
Este viernes, desde la Liga Argentina por los Derechos Hombre, y distintos organismos y personalidades como Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, y Familiares y amigos de Luciano Arruga realizarán una conferencia de prensa para solidarizarse ante esta situación que, para Pimentel, “es una persecución, porque de esta manera, se quiere enfrentar a los Organismos de Derechos Humanos con la población carcelaria”.
“Nosotros dijimos desde siempre que no vamos a accionar en contra de los ciudadanos que fueron utilizados, sino que accionaremos contra la matrícula de los inescrupulosos abogados que no tienen límites, parámetros éticos y morales”, concluyó.
