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Durante esa revuelta, denunciada por el gobierno, países latinoamericanos y organismos internacionales como un intento de golpe de Estado, murieron diez personas y 274 resultaron heridas.
El anuncio de la pena y la ratificación de la sentencia adoptada por unanimidad el pasado 1 de agosto, cuando declaró culpables en calidad de autores a los efectivos, fue realizado ayer por escrito, informó la Fiscalía General del Estado en un comunicado.
El Código Penal ecuatoriano señala que «la tentativa de asesinato contra el Presidente de la República o el que se hallare ejerciendo la Función Ejecutiva será reprimida con reclusión mayor de ocho a doce años, aunque no llegue a inferirse daño alguno», recordó el diario El Telégrafo en su versión Internet.
Los seis uniformados estaban recluidos en una cárcel de Quito a la espera de la sentencia que los condenó a la pena de «12 años de reclusión mayor por tentativa de asesinato», según despachos de Andes y EFE.
En el proceso, realizado desde el 22 de julio al 1 de agosto del 2014, el fiscal del caso, Gustavo Benítez, sustentó su acusación con 51 testimonios y 38 pruebas documentales, entre las que constan los informes de pericias de audio y video, versiones de policías y militares, secuencias fotográficas de los involucrados, entre otros, precisó la Fiscalía.