.
Las partes acusadoras en el juicio por la apropiación y el ocultamiento del nieto recuperado Pablo Gaona Miranda pidieron penas de hasta 15 años de cárcel para el matrimonio integrado por Salvador Girbone y Raquel Ali Ahmed, que crió al joven hijo de desaparecidos, y para Héctor Girbone, su entregador. Tanto la querella de Abuelas de Plaza de Mayo, representada por el abogado Alan Iud, como la fiscalía, en manos de Pablo Parenti y Guillermo Friele, calificaron los hechos ventilados en el juicio oral como delitos de lesa humanidad.
Ambas partes coincidieron en los pedidos de condena y en varios puntos de sus fundamentaciones, que presentaron ante el Tribunal Oral Federal número 5, que sigue el juicio por los delitos en perjuicio de Gaona Miranda. Con apenas un mes de vida fue secuestrado junto a sus padres biológicos, María Rosa Miranda y Ricardo Gaona, militantes del ERP. Entonces era mayo de 1978 y, entre ese mes y agosto, Pablo fue entregado al matrimonio Girbone que, con la ayuda de un certificado de nacimiento falso, lo inscribió como hijo propio en el Registro de las Personas de San Fernando. Gaona Miranda creció sabiendo que era adoptado, pero las referencias que su familia apropiadora le ofreció respecto de su origen fueron falsas; comenzó a tener dudas entrada la primera década del nuevo siglo, que se confirmaron en 2012, cuando se convirtió en el nieto recuperado 106, según recordó el matutino Página/12.
Tanto para Iud como para Parenti y Friele, el militar Héctor Girbone es quien debe cargar con la mayor condena: las partes pidieron 15 años de prisión y lo consideraron “entregador” de Gaona Miranda. “Fue el entregador de Pablo, conocía de primera mano los hechos de terrorismo de Estado que se estaban llevando a cabo, sabía de secuestros, centros clandestinos de detención y torturas y sabía perfectamente que el bebé que entregó era hijo de desaparecidos”, afirmó Iud durante su alegato.
“Si el hecho que juzgamos es representativo del terrorismo de Estado, quien más intensamente representa a ese Estado criminal en el hecho es Héctor Girbone”, argumentaron los fiscales que integran la Unidad Fiscal especializada para casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado. Girbone revistió en el Ejército Argentino durante la última dictadura. En 1978 estaba a cargo del Area de Inteligencia de la Escuela de Caballería de Campo de Mayo, jurisdicción en la que fueron secuestrados los padres de Gaona Miranda, que permanecen desaparecidos. “Desde la posición que ocupaba conocía perfectamente el contexto en el cual se desarrollaron los hechos y utilizó ese lugar para disponer del hijo de personas secuestradas y para urdir su retención y ocultación mediante la alteración de su identidad”, acusó la fiscalía en su alegato.
Girbone es el primo del apropiador de Gaona Miranda, Salvador Girbone. El y su esposa lo nombraron, además, padrino del bebé que les “regaló”. “El bebé no era un perrito herido que encontraron en la calle y que podían quedarse por haberse encariñado”, graficó el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo sobre la actitud del matrimonio. “Ellos sabían el origen y que no serían sancionados por su conducta. Fueron quienes mantuvieron la mentira día a día”, agregó. La pena solicitada fue de 12 años de prisión para ella y de 13 para él, por haber sido quien firmó la documentación falsa en el Registro de las Personas. La fiscalía solicitó las mismas penas.
Por otro lado, en medio del conflicto armado en el este ucraniano, un ataque perpetrado por los militantes separatistas prorrusos a una fábrica de materiales explosivos en la región de Lugansk desató la alarma de un posible riesgo químico en la zona. Se trata de la Unidad Química Petrovski, de la localidad homónima, que fue atacada por disparos de artillería de las fuerzas rebeldes, según informó el portavoz del Consejo de Seguridad y Defensa ucraniana, Andriy Lysenko. «Estalló un incendio en los depósitos donde son conservados, proyectiles de artillería y derivados de la remoción de combustible misilístico sólido», precisó el vocero. Asimismo, el portavoz indicó que el incidente pone en grave riesgo la vida de civiles y el ambiente en la zona de conflicto.
