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El ministro de Economía, Axel Kicillof, explicó hoy que el proyecto de ley de pago soberano local de la deuda exterior de la República Argentina que ingresó ayer al Congreso “no es un cambio de jurisdicción, mucho menos compulsivo, sino que es una modalidad parta asegurar que Argentina pueda seguir cumpliendo con sus compromisos externos”.
“En los próximos días concurriremos a conversar con los legisladores y dar las explicaciones del caso”, precisó en una conferencia de prensa que compartió con el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, y la procuradora del Tesoro de la Nación, Angelina Abbona en el Palacio de Hacienda.
“El nombre del proyecto de ley remite a una cadena de pagos local ante las dificultades que nos está presentando el sistema judicial para el cobro en la plaza de Nueva York”, remarcó Kicillof.
Y agregó: “Me complace decirles que el texto que presenta la ley ha sido elaborado con muchísimo esmero y afán de que sean explicativos de la totalidad de los antecedentes históricos, económicos, financieros que conducen a este punto que hemos llegado de los litigios de Nueva York. Es la continuidad de un trabajo llevado adelante por Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner de enmendar el verdadero incendio financiero que dejo el default de 2001. Los bonos de los fondos buitre son bonos emitidos bajo un acuerdo del 94: o sea, son bonos de la convertibilidad, algunos de los que entran al megacanje. Todos problemas de la fase neoliberal que tanto les han costado a los argentinos”.
El proyecto sostiene que la sanción de la nueva norma legal que se propone «resulta necesaria, ya que la República Argentina ha visto bloqueado el procedimiento para el cobro de los tenedores de los títulos de deuda pública reestrucutrado en los años 2005 y 2010, por las ilegítimas e ilegales medidas adoptadas por la justicia de los Estados Unidos de América» en la causa con los fondos buitre.
En los fundamentos, el Poder Ejecutivo afirma que la iniciativa tiene por objetivo crear los instrumentos legales que «permitan el cobro de los servicios correspondientes al cien por ciento de los títulos emitidos en el marco de la reestructuración de Deuda Soberana 2005-2010 y de los que en el futuro se emitan en reemplaza de aquellos que aún no ingresaron a dicha reestructuración».
Tras realizar un recontó sobre los hechos que precedieron a la caída en default de la Argentina en 2001 y el proceso encarado a partir de 2003, cuando asumió el ex presidente Néstor Kirchner, la iniciativa enumera cada una de las acciones judiciales llevadas adelante por NML Elliot con el objetivo de embargar activos argentinos en el mundo, hasta la decisión del juez Thomas Giresa de argumentar la cláusula `pari pasu` con la que avaló el reclamo de los fondos buitre.
Los fundamentos del proyecto de ley citan también las distintas instancias judiciales estadounidenses por la que atravesó el litigio, hasta la decisión de la Corte Suprema de rechazar tratar la apelación presentada por Argentina y convalidar de esa forma el pronunciamiento de Griesa que ya contaba con el aval de un tribunal de Segunda Instancia.
