“Solicitamos la liberación inmediata de los compañeros militantes políticos y sociales Fernando Esteche y Raúl “Boli” Lescano del Movimiento Patriótico Revolucionario, ya que consideramos que se estableció una condena repudiable a quienes exigían justicia por el asesinato del compañero Carlos Fuentealba. Tanto estos compañeros como todos los luchadores sociales han sido el objetivo de la criminalización de las protestas sociales, lo cual rechazamos enérgicamente. La justicia debe ser para todos sin distinción de clases. Los responsables políticos y autores intelectuales del asesinato del docente Fuentealba siguen impunes”, decía la página Web de Quebracho minutos antes de conocida la información sobre el traslado de “El Boli” a su domicilio
“La de Esteche y Lescano es una de las causas de criminalización de la protesta social más graves de la Argentina”. Así lo afirmaba a AgePeBA el 22 de junio último el representante de Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, Nicolás Tauber. Agregó que este tipo de prácticas es una constante del poder judicial” al considerar que “abren causas sin pruebas acusando de delitos gravísimos a militantes populares con el objetivo de amedrentarlos y terminar con la organización y la lucha de los pueblos”.
Nicolás Tauber, representante de Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, conversó entonces con esta agencia sobre el caso de los líderes de Quebracho, Fernando Esteche y Raúl “Boli” Lecano, tras la exposición en la comisión de Asuntos Constituciones de Diputados de la Nación sobre la necesidad y posibilidad de una ley de amnistía para los militantes populares procesados y condenados por su militancia.
“La situación de Esteche y Lescano es una de las causas de criminalización de la protesta social más graves de la Argentina porque es una de las 4 que tienen condena a nivel nacional”, señaló y consideró: “Es gravísimo que la justicia avance contra militantes populares por el mero hecho de tener militancia popular”.
Los dirigentes de Quebracho fueron condenados a casi 4 años de prisión por el escrache a un local partidario de Jorge Sobisch en 2007, tras el asesinato del maestro Carlos Fuentealba en una represión ordenada por el ex gobernador neuquino. Esteche fue juzgado y condenado sin haber participado de esos sucesos.
“Criminalizar la protesta social es una constante del poder judicial. Abren causas sin pruebas acusando de delitos gravísimos a militantes populares con el objetivo de amedrentarlos, usarlos de ejemplo y terminar con la organización y la lucha de los pueblos. En lugar de cumplir su función de restablecer los derechos violados, como hacer justicia por la muerte de Fuentealba, el Poder Judicial pone todo el peso de la ley sobre los manifestantes, despolitizando los reclamos y tratándolos como delincuentes”, analizó el referente.
Asimismo, Tauber reflexionó en torno a la situación del “Boli” Lescano, quien en los próximos días volverá al penal de Ezeiza tras haber sufrido un ACV con hemorragia cerebral a y a pesar de contar con la recomendación de la prisión domiciliaria por su delicado estado de salud. “Es un acto ilegal, de inhumanidad total, que lo saquen de la unidad hospitalaria porque la ley establece que una persona con graves problemas de salud como él no puede estar en un penal común –expuso–. Es muy grave lo que le está pasando y por esta razón se ha solicitado su libertad”.
Por último, finalizaba: “Desde Encuentro Memoria, Verdad y Justicia exigimos la absolución de ellos y el cierre de las más de 5 mil causas penales de personas procesadas por su participación política”.
