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Luis Federico Arias, juez en lo contencioso administrativo de La Plata, analizó con el vicegobernador Gabriel Mariotto “las consecuencias del fallo de la Cámara que confirmó en lo sustancial las 89 víctimas fatales de la inundación del 2 de abril de 2013”.
“Fue una reunión muy productiva en la que también estuvimos conversando sobre otra decisión que obliga al Gobierno provincial y a la Municipalidad de La Plata a brindar una forma de participación social para que la comunidad pueda aportar ideas e incluso controlar la ejecución de obras y todo proyecto vinculado a la inundación”, agregó en diálogo con AgePeBA.
Arias precisó que se pudo “trazar un somero diagnóstico de cómo están las cosas después de la catástrofe que ha sufrido la ciudad” y ahora “vamos a ver qué medidas concretas van surgiendo”.
“Mariotto se manifestó muy por la situación de los sectores más vulnerables que resultaron afectados, personas que viven en los márgenes de los arroyos que, por el momento, no han recibido suficiente asistencia para satisfacer sus derechos y necesidades básicas, que son justamente quienes más lo necesitan”, comentó.
En este sentido, detalló que hay familias con hasta 11 hijos que “viven en una situación muy precaria”, incluso “indocumentados que no pueden cobrar la Asignación Universal por Hijo ya que no tienen el documento tramitado y tampoco pueden acceder a diversos planes”.
El magistrado se reunió con el Vicegobernador antes de que la Comisión de Labor Parlamentaria del Senado bonaerense decidiera convocar al jefe de Gabinete, Alberto Pérez, y a los ministros de Justicia, Ricardo Casal, y de Infraestructura, Alejandro Arlía, para que brinden precisiones sobre las víctimas de la inundación.
Al respecto, sostuvo que “ha transcurrido un tiempo bastante extenso desde la catástrofe, más de un año, y todavía quedan muchísimas cosas por hacer y también muchas explicaciones para dar”.
Como se recordará, el Gobierno bonaerense sólo reconocía 67 muertos por la inundación y decidió apelar el fallo de Arias que determinó un total de 89, aunque la Cámara en los Contencioso Administrativo finalmente le dio la razón al magistrado de primera instancia.
“Espero que la sentencia pueda servir para mejorar todas los problemas que se pusieron en evidencia”, concluyó el juez.
