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Por Germán Celesia / Con el diputado Sergio Massa como abanderado, un sector de la oposición, aglutinado a partir de la línea política dictada por los columnistas del tándem Clarín-La Nación, se disponía a reclamar el inicio de un proceso de juicio político contra el vicepresidente, Amado Boudo, uno de los acusados por el juez Ariel Lijo en la Causa en la que investiga la supuesta apropiación privada de Ciccone antes de su estatización.
El objetivo casi único de debilitar al gobierno nacional quedó al descubierto a partir de un cambio de posición de los medios dominantes, que desataron su furia ante la aceptación del tratamiento en comisión de los pedidos de enjuiciamiento del funcionario.
“El kirchnerismo bloquea el juicio político a Boudou”, titula Clarín su edición, con lo cual trata de engañar por partida doble a sus lectores. Por un lado, da por sentado algo que no sucedió: el impedimento del proceso de juicio político por parte del oficialismo. Y por otro lado, denomina “bloqueo” al propio ejercicio del poder conferido por el electorado a cada uno de los legisladores, que tienen la facultad de actuar según su propia consciencia, más allá de las presiones corporativas e incluso de las necesidades o deseos del gobierno o de la fuerza política a la que representan.
El título central de La Nación es casi idéntico al de su medio colega: “El kirchnerismo busca cerrar el paso a un juicio político contra Boudou”. Según anticipa el matutino, “permitió que el tema se trate en comisión, pero como tiene mayoría propia, archivará el caso”. Así, da por sentado el pronóstico de Clarín y desprecia el voto de la mayoría.
“Con el objetivo de mitigar el costo político que le genera al Gobierno el procesamiento de Amado Boudou, el kirchnerismo avanzó con una jugada para apurar los tiempos y terminar lo antes posible con los pedidos de juicio político contra el vicepresidente en la Cámara de Diputados”, sostiene Martín Bravo en Clarín. “Ante el reclamo de los bloques opositores para que esos proyectos comenzaran a tratarse el próximo martes, el Frente para la Victoria convocó a la comisión del área para esta misma tarde para intentar enterrar la discusión”. Así, deja traslucir su juicio negativo sobre la convocatoria a la comisión – la denomina “jugada”, como si se tratara de una apuesta y no de una decisión política – y utiliza la metáfora “enterrar” casi homologando con la muerte una decisión legislativa que no es anormal sino que se corresponde con los procedimientos usuales de la Cámara.
Según Bravo, “los legisladores no oficialistas ya comenzaron a analizar la estrategia para esquivar el freno e insistir con las iniciativas para que el Congreso analice las responsabilidades políticas de Boudou, más allá de la causa judicial”, aunque no la anticipa. Y denomina “maniobra” a la decisión del oficialismo, como si fuera algo diferente a un simple procedimiento legislativo. Y anticipa sobre el “reclamo” de la oposición: “el oficialismo intentará cortarlo de raíz con el archivo de los expedientes”.
Según el columnista Ignacio Miri, “sin los votos necesarios para forzar un enjuiciamiento a Amado Boudou, la oposición apuesta a mantener al presidente del Senado en el centro de la escena, siempre listo para equivocarse en público”. No obstante la estrategia adjudicada a “la oposición”, la nota firmada por Ignacio Ortelli, que se refiere a una sesión del Senado, contradice ese relato que pretende unificar a legisladores e diversas fuerzas detrás de la estrategia sostenida por la prensa opositora. “La oposición reclamó la licencia del vice”, se titula la crónica.
El propio Ortelli firma otro artículo que también parece despreciar la voluntad popular traducida en mayoría y minorías legislativas. Se refiere a un proyecto referido a la responsabilidad del Estado y los funcionarios públicos ante demandas de particulares. Allí afirma, utilizando el recurso estigmatizar a los legisladores oficialistas: “Los K debieron recurrir a su mayoría para convalidar la iniciativa”. Sería ilógico que una mayoría no lo hiciera.