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«Instamos a que exista la gestión necesaria y se promuevan acciones que garanticen el funcionamiento de la empresa y la industria pueda funcionar, que cada uno asuma las responsabilidades que les compete», dijo Capitanich en rueda de prensa en Casa de Gobierno.
«Esto es lo que debe concretarse en forma inmediata porque no podemos aceptar ni la ocupación ilegal de una planta ni el impedimento para que otros empleados trabajen», dijo, y consideró «inadmisible que acciones de carácter político o medidas ilegales impidan que una industria funcione o que el resto de los trabajadores no puedan hacerlo».
En ese marco, Capitanich insistió en la necesidad de que haya un «gesto de racionalidad» y volvió a pedir a «los poderes del Estado que se encarguen del pleno ejercicio de su competencia».
Capitanich señaló que el viernes se convocó al gobierno bonaerense ya que se trata de una «responsabilidad y competencia de la provincia de Buenos Aires, tanto en el ámbito judicial como el ejecutivo».
«Lo hemos hecho con respeto pero con la firmeza que requiere la aplicación de las normas correspondientes. No podemos convalidar acciones directas que impliquen la ocupación ilegal que impidan que otros trabajadores puedan realizar sus traeas afectando la industria automotriz», concluyó.
