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La Cámara de Diputados de la Nación aprobó por amplia mayoría y convirtió en ley el proyecto de promoción del trabajo registrado y prevención el fraude laboral. La norma impulsada por el oficialismo cosechó el apoyo, más allá de sus habituales aliados, de la Unión Cívica Radical, el Frente Renovador, el PRO y la Coalición Cívica, y sumó 227 votos positivos. Con apoyo similar, el oficialismo también logró la aprobación de las modificaciones en general de las sanciones por infracciones. Los votos negativos fueron sólo tres y estuvieron a cargo del Frente de Izquierda y de Federico Sturzenegger, quien se diferenció de su bloque. Por su parte, el bloque de Unidad Popular se abstuvo, al igual que la legisladora Alcira Argumedo.
A lo largo de las casi 12 horas que se extendió el debate, la coherencia entre el discurso opositor y la dirección de su voto estuvo ausente. El tenor de críticas nada tuvo que ver con el acompañamiento que le dieron en general al proyecto. El temor a pagar el más mínimo costo político por votar en sintonía con su discurso llevó a la oposición al absurdo de apoyar un proyecto al que cuestionaron en todo su articulado. El debate lo abrió, poco antes de las 11, el diputado oficialista y presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, Héctor Recalde, con una definición sencilla y contundente de los objetivos que persigue el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo: «Propicia que se cumplan las leyes que existen», sentenció. El abogado laboralista enfatizó que «este proyecto, al convertirse en ley, será de gran importancia para las microempresas que queremos defender» y aclaró que esto «no significa ningún perjuicio ni para el contrato de trabajo ni para la seguridad social».
Recalde también puso la mira en las grandes empresas «que, a través de la tercerización, cometen fraude laboral, como es el caso de los medios de prensa que tienen factureros en fraude a la ley y en perjuicio a los trabajadores de prensa», y expresó: «Por más que el Ministerio de Trabajo haya aumentado la cantidad de inspectores de 20 a 400, siempre será insuficiente por la extensión de nuestro territorio y la gran cantidad de empresas».
Las objeciones al proyecto del Ejecutivo giraron en torno al supuesto perjuicio que le provocaría la norma a los futuros aumentos jubilatorios y la falta de profundidad de la medida. En ese sentido se expresó el radical Miguel Ángel Giubergia, quien cuestionó el costo fiscal y advirtió que eso repercutirá en la fórmula que se utiliza para otorgarles los aumentos anuales a los jubilados.
Recalde recogió el guante. «El Estado va a compensar lo que deje de percibir la ANSES», aclaró el diputado. Por su parte, la titular del bloque oficialista, Juliana Di Tullio, le recordó a la oposición «que ahora estaba muy preocupada por la movilidad jubilatoria» que «el oficialismo votó en soledad».
Ante los cuestionamientos del PRO, el que levantó la voz fue el joven diputado porteño Juan Cabandié. «Las recomendaciones se las pueden hacer al jefe de gobierno que eliminó las funciones de los inspectores», señaló, y agregó que la industria textil porteña cuenta con varios «talleres clandestinos» y que Juliana Awada, la esposa del jefe de gobierno porteño, es «generadora de trabajo en negro».
