Querellantes y sobrevivientes de la masacre del pabellón 7 de la cárcel de Villa Devoto durante la última dictadura cívico militar pidieron hoy a la Cámara Federal porteña que declare delito de lesa humanidad la muerte de 64 presos en un incendio iniciado en medio de la represión del Servicio Penitenciario.
«El Servicio Penitenciario Federal contaba con un manto de impunidad», argumentó la abogada Claudia Cesaroni al justificar los motivos por los cuales la muerte de los presos durante un incendio en el pabellón el 14 de marzo de 1978 debe ser considerada un crimen de lesa humanidad, imprescriptible.
La sala I de la Cámara debe resolver si ratifica o revoca una decisión del juez federal Daniel Rafecas, quien rechazó el carácter de lesa humanidad de los delitos, declaró la incompetencia del fuero federal y envió la causa a la justicia criminal ordinaria, donde ya fue cerrada en dos ocasiones.
Desde que se radicó la denuncia en su juzgado como un incidente de la megacausa Primer Cuerpo del Ejército, Rafecas tomó declaración a diez presas políticas que estaban en el penal y a cinco sobrevivientes, para luego declararse incompetente.
Los camaristas Eduardo Farah, Jorge Ballestero y Eduardo Freiler estuvieron en la audiencia oral donde escucharon por casi hora y media a las querellas pero también a ex presos que sobrevivieron y a la hermana de una de las víctimas fatales.
«No fue un enfrentamiento, formó parte del objeto de la dictadura que no solo perseguía a la militancia política sino que iba por una reformulación del Estado y del concepto de enemigo», agregó Cesaroni.
Al resumir lo ocurrido, recordaron que la noche anterior un recluso se negó a apagar un televisor que veían en la «ranchada» y argumentó que tenían permiso para mantenerlo encendido hasta las 2 de la madrugada.
En busca de ese preso, Jorge Omar Tolosa, volvieron los guardias a la madrugada. Él se negó a salir y a la mañana siguiente se inició la requisa «con el doble de personal que lo
habitual» que derivó en la represión con ametralladoras y gases y luego en el incendio.
«Una módica rebeldía fue castigada con una masacre», dijo la abogada y el «Servicio Penitenciario Federal no hizo nada por apagarlo, habían cerrado el pabellón con candado, los dejaron morir quemados, asfixiados y si se asomaban a las ventanas los baleaban».
Para los querellantes, el penal de Devoto dependía del Primer Cuerpo del Ejército, había presos políticos en el lugar y todos estaban «en manos del Estado».
«Fue un ataque masivo contra la población civil, Devoto era parte del organigrama de la represión», agregó la querella de la Liga por los Derechos del Hombre.
Durante la audiencia, el camarista Farah se interesó por los datos de un joven que su familia denunció como desaparecido en 1977, un habeas corpus a su favor fue rechazado y luego su padre lo reconoció en la tapa del diario Crónica el día posterior a la masacre, fotografiado herido y llevado por dos penitenciarios.
Se trataba de Jorge Hernández Rodriguez, legajo de la Conadep 1230, quien nunca apareció en listado alguno de víctimas del incendio y permanece desaparecido.
Y Ballestero pidió especialmente escuchar al sobreviviente Juan Olivero, quien ingresó a la sala de audiencias del segundo piso de los tribunales federales de Retiro y se sentó entre el público, rodeando la mesa donde expusieron los letrados de cara a los jueces.
El ex detenido tenía 20 años cuando ocurrió la masacre. «Entraron pateando todo, insultando, empezaron a pegar con palos y borceguíes, salieron y pusieron candado y desde arriba tiraban con lanzagases y ráfagas de ametralladora».
Luego se inició el fuego dentro del pabellón, todavía no está demostrado el origen, y al salir vio «cuerpos carbonizados en todos lados». Según la querella no se dejó entrar al lugar a los bomberos.
También habló en la audiencia Verónica Ambrosio. «Mi hermano murió ahí, estaba en manos del Estado y murió», se lamentó.
Tras la audiencia, la Cámara quedó en condiciones de resolver.
