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Un proyecto de ley que propicia prohibir el funcionamiento y la promoción de lugares de alterne y de explotación de la prostitución ajena, que incluye la creación de un organismo de lucha contra la trata, se presentó en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires.
La iniciativa denominada «Prostíbulo Cero» fue elaborada por la diputada del Frente para la Victoria Lucía Portos y la Fundación María de los Ángeles, presidida por Susana Trimarco, mamá de Marita Verón, desaparecida por redes de trata en 2002.
«Se trata de una norma que contiene el diseño de una política pública integral de parte del Estado provincial para encarar el flagelo de la explotación sexual, brindando a su vez, contención a las personas que estén en tal situación», explicó la legisladora.
El proyecto plantea la creación del Instituto Provincial de Lucha contra la Explotación Sexual Ajena y la Trata de Personas, un organismo «descentralizado con financiamiento propio para la formación de personal capacitado que se presente en los allanamientos y clausura de locales de prostitución para proteger las pruebas», según informó el matutino Tiempo Argentino.
Asimismo, prevé que el Instituto «brinde atención coordinada y asistencia a las víctimas, como también la realización de campañas para instalar públicamente la lucha contra la explotación sexual».
Durante la presentación de la iniciativa, María del Mar Ramón Vélez, responsable del área de comunicación de la fundación, consideró «muy importante reconocer que tenemos un gobierno nacional que, en su agenda política, tiene la lucha contra la trata y la explotación de personas como una prioridad, y que le otorga una responsabilidad siendo un ejemplo para la región y el mundo. Está en manos de los que tienen la capacidad de legislar que esto continúe».
El proyecto de ley plantea la derogación de la norma provincial 14.453, no reglamentada aún y sancionada previamente a la Ley Nacional 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas. En ese sentido, Portos aseguró que se busca «poner en consonancia la legislación provincial».
