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La Justicia Federal allanó el viernes pasado el arzobispado de Bahía Blanca y secuestró un documento redactado por el cura Aldo Vara para que un apoderado cobrara su jubilación mientras él permanecía prófugo por delitos de lesa humanidad.
En la causa que investiga si el arzobispo bahiense Guillermo Garlatti financió la fuga de Vara, quien fue capellán militar en la última dictadura, el fiscal federal Antonio Castaño ordenó un allanamiento a la sede de la curia local. La medida fue realizada el viernes pasado por personal de la Policía Federal, que secuestró material vinculado a la causa.
Entre los documentos hallados en el arzobispado se destacó el poder entregado por Vara a las autoridades eclesiásticas para que el empresario Leopoldo Bochile pudiera cobrar la jubilación en su nombre y, de esa manera, percibir el dinero a pesar de estar prófugo por más de ocho meses, según informó el matutino Tiempo Argentino.
Tanto Bochile como el arzobispo Garlatti fueron denunciados por la Unidad Fiscal de Derechos Humanos como encubridores de Vara, detenido semanas atrás por Interpol en Ciudad del Este, Paraguay. Se cree que con el pago de la jubilación privada que otorgaba la iglesia, el cura se financió durante su huida.
En el marco de esa causa, el fiscal Castaño ya había solicitado el allanamiento al juez subrogante Santiago Ulpiano Martínez, pero el magistrado la rechazó. Recién diez días después, luego de que el fiscal le tomara declaración testimonial al administrador del arzobispado de Bahía Blanca, Bruno Cucchetti, el juez aceptó la medida.
La orden de Castaña tenía el objeto de secuestrar «documentación, legajos, antecedentes y toda otra actuación que se relacione con el cobro del beneficio jubilatorio del imputado Aldo Vara».
También solicitó buscar «comunicaciones o notificaciones» hechas por Garlatti vinculadas a Vara.
La Iglesia de Bahía Blanca negó en varias oportunidades conocer el paradero del cura prófugo. La semana pasada, el arzobispo bahiense emitió un comunicado desmintiendo haber favorecido al ex capellán militar prófugo, que ya había renunciado a la arquidiócesis en 2003, cuando Garlatti asumió. «Cuando la Justicia Federal formuló peticiones con respecto al domicilio del mismo, se informó en forma inmediata y veraz, sin ocultar detalle alguno», señaló el comunicado.
Sin embargo, la información acumulada desde la detención de Vara parece apuntar en otro sentido. El arzobispado habría pagado los haberes al apoderado del cura a pesar de encontrarse prófugo y también habría pedido a la Diócesis de Ciudad del Este que lo recibiera, según informaron desde Paraguay.
En paralelo a la investigación por su encubrimiento, en Asunción se realizan los trámites para extraditar a Vara para ser juzgado en el país. El cura está acusado por su rol como capellán auxiliar, equivalente a un Capitán, del Comando V Cuerpo del Ejército y del Batallón de Comunicaciones 181 durante la última dictadura. La justicia argentina le imputa su participación en alrededor de 100 hechos de secuestro, torturas y homicidios.