El juez Santiago Ulpiano Martínez delegó en el fiscal Antonio Castaño la investigación para determinar si el arzobispo Guillermo Garlatti financió al ex capellán Aldo Vara mientras estuvo prófugo de la justicia.
Tras ser notificado, el representante del Ministerio Público dispuso hoy las primeras medidas de prueba, requiriendo informes al Banco Central sobre el pago de un beneficio jubilatorio que se hacía efectivo en la sede de la Curia a través del apoderado Leopoldo Bochile, también imputado.
Solicitó a la entidad información y movimientos de las cuentas bancarias de Bochile, además de pedir que se disponga el cese del pago de la jubilación al acusado.
La maniobra había sido denunciada por los fiscales José Nebbia y Miguel Angel Palazzani, integrantes de la Unidad que interviene en casos de terrorismo de Estado en Bahía Blanca.
Con la misma hipótesis, Castaño dispuso recibir declaración testimonial al administrador de la Curia, Bruno Cucchetti, y al sociólogo Fortunato Mallimacci, quien fue el primero en denunciar públicamente la irregular situación.
Castaño también requirió al Juzgado Federal N°1 de Bahía Blanca las copias completas de la causa en las que se investigó la evasión de Vara.
Entre tanto, la Cámara Federal de Bahía Blanca debe resolver quién será el juez que intervenga en esta causa que, hasta que se pronuncie el tribunal de alzada, tramita ante Martínez, titular del Juzgado Federal N°1.
El juez Martínez rechazó en su momento la excusación de su colega del Juzgado Federal N°2, Ana Araujo, inicialmente a cargo de la causa.
Imputado por hechos que tuvieron como víctimas a más de 100 personas, Vara fue capturado a fines de abril pasado por Interpol en Ciudad del Este, Paraguay.
Entre 1971 y 1979, Vara revistó como capellán del Comando del V Cuerpo de Ejército y del Batallón de Comunicaciones de Comando 181 y se encontraba prófugo desde el 7 de agosto del año pasado, cuando se ordenó su detención.
