Después de una visita de casi dos semanas a distintas partes de México, durante la cual revisó centros de detención y se reunió con autoridades, organizaciones civiles y víctimas, Méndez presentó un balance crítico y dijo que, aunque ha bajado el número de denuncias, él recibió «un alarmante número de quejas».
Según indicó, la tortura ocurre generalmente en las etapas «inmediatamente posteriores» a la detención y antes de que las víctimas sean presentadas ante un juez, lo que en algunas regiones puede ocurrir hasta seis días después.
«Me hubiera gustado poder decir que la tortura es aislada en México», afirmó el relator al presentar sus conclusiones preliminares en una conferencia de prensa, pero dijo que su obligación es alertar que hay en el país «una especie de endemia de la tortura que hay que corregir».
La visita de Méndez fue en respuesta a una invitación del gobierno mexicano. Méndez dijo que el gobierno mexicano le facilitó todas las reuniones y que se va «muy satisfecho de la relación de cooperación».
Al término de la visita, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México dijo que el gobierno agradeció las recomendaciones del relator y que «refrendó su compromiso de cooperación con los mecanismos internacionales de Derechos Humanos y de coordinar esfuerzos a fin de dar cumplimiento a tales recomendaciones».
«El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha dado pasos firmes para garantizar la protección de los Derechos Humanos y, en ese contexto, una de sus prioridades está encaminada a la erradicación total de la práctica de la tortura», dijo la cancillería. El gobierno mexicano señaló que ha habido una «disminución notable» en las denuncias de tortura presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México.
Sin embargo, según Méndez, la tortura es generalizada en México en el sentido de que hay denuncias contra todas las corporaciones civiles o militares involucradas en detenciones.
El maltrato sigue aplicándose de manera habitual en los arrestos con insultos, amenazas, golpes e incluso en algunos casos con toques eléctricos y aplicación de bolsas para causar asfixia, entre otros, señaló el relator de la ONU. Además, las detenciones con frecuencia van acompañadas del ingreso a viviendas sin orden de cateo, así como destrucción y robo de propiedad privada. Y en este contexto «la carga de la prueba suele recaer sobre la persona que alega ser torturada», manifestó.
Méndez dijo que «México atraviesa una compleja situación» en materia de seguridad pública, en particular en cuanto a la lucha contra el crimen organizado, y consideró positivo que se están desarrollando nuevas políticas de seguridad con perspectiva de respetar los Derechos Humanos. «Sin embargo, y a pesar de reconocer que en algunas regiones parte de la presencia militar ha sido replegada, me preocupa la continua militarización de varias regiones del país y la persistente participación de mandos militares en corporaciones civiles», dijo.
Méndez mencionó avances como una reforma del código de justicia militar, que eliminó el fuero militar para casos que involucren a civiles. No obstante, en este punto señaló que se debe avanzar aún más porque «la competencia para la tortura debe ser siempre civil, aunque la víctima sea un militar».
El relator de la ONU presentará en un plazo de unas cuatro semanas un informe al gobierno mexicano de manera confidencial, tras lo cual las autoridades mexicanas tendrán un plazo de 30 días para contestar.
Ambas posturas se entregarán luego al Consejo de Derechos Humanos de la ONU de Ginebra. El relator indicó que las conclusiones podrían hacerse públicas antes de su informe anual de octubre ante la Asamblea General de la ONU, y que en marzo de 2015 se presentará el informe final en Ginebra.
