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Los fiscales Francisco Snopek y el ad hoc Pablo Pelazzo realizarán mañana sus alegatos en el marco del segundo juicio por delitos de lesa humanidad en Jujuy, que tiene como imputados a dos exmilitares y cuatro guardia cárceles por crímenes, detenciones ilegales, torturas y tormentos cometidos durante la dictadura cívico-militar.
Las víctimas son Dominga Álvarez de Scurta, secuestrada por el comisario Ernesto Jaig en pleno centro de la ciudad de Jujuy; Osvaldo José Garibaldi, detenido en El Talar, departamento de Ledesma; y María Alicia del Valle Ranzoni, sacada de su casa en barrio San Pedrito.
En tanto que Juana Francisca Torres Cabrera, fue secuestrada en su casa ubicada en barrio Mariano Moreno y su hermano, Pedro Eduardo Torres Cabrera, detenido mientras trabajaba en un galpón del ex Intendente de la dictadura Pablo Labarta.
Por su parte, Jaime Lara Torres, junto a su hermano Ramiro Lara, posteriormente liberado, fueron detenidos en su casa de barrio Los Perales y Jorge Turk Llapur, quien acudió citado por la policía a la jefatura de la fuerza, donde quedó detenido.
Los imputados son Antonio Orlando Vargas, exinterventor en el Penal jujeño y condenado a 25 años en el primer juicio y que cumple prisión en Ezeiza ; el exsuboficial del Ejército César Darío Díaz; Carlos Alberto Ortiz, Orlando Ricardo Ortiz, Herminio Zárate y Mario Marcelo Gutiérrez, guardiacárceles, todos presos en la unidad penal federal de Jujuy .
Vargas, de acuerdo a la ampliación de la imputación, está acusado de ser coautor mediato de homicidio doblemente calificado por alevosía y participación de dos o más personas, privación ilegítima de la libertad y torturas.
Los hermanos Ortiz, Zárate y Gutiérrez están imputados como partícipes necesarios de homicidio doblemente calificado, privación ilegítima de la libertad y torturas, mientras que Díaz tiene el cargo de coautor de homicidio doblemente calificado por alevosía, privación ilegítima de la libertad y torturas.
Todas las víctimas padecieron torturas en los centros clandestinos de detención como la Jefatura de Policía, donde el Área 323 tenía una sede comendada por Jaig, en el paraje de Guerrero y el propio penal jujeño.
Las víctimas habían ingresado al Penal de barrio Gorriti los últimos días de mayo de 1976, y sacados de prisión el 10 de junio del mismo año por el comisario Ernesto Jaig, acompañado del exmilitar Díaz, según testimonios de exdetenidos y los libros internos de la cárcel.
La semana pasada alegaron los querellantes por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, María José Castillo; por el CODESEDH, Liliana Molinari y Martín Patiño; Paula Álvarez Carreras y Ariel Ruarte, quienes pidieron la ampliación de la imputación por «violencia sexual».
Por otra parte, los alegatos de la defensa están previsto para el 8 de mayo.
