Un proyecto legislativo impulsado en la Cámara de Diputados bonaerense busca regular y garantizar el acceso a los abortos no punibles en todos los establecimientos de la red sanitaria provincial.
La iniciativa, de la diputada del Frente para la Victoria, Lucía Portos, propone como primera medida, aprobar una Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos que fuera elaborada por el Ministerio de Salud de la Nación.
“Este proyecto busca institucionalizar y modernizar el trabajo que viene haciendo la Provincia de Buenos Aires en relación con los derechos sexuales y reproductivos”, explicó la legisladora provincial.
Portos dijo que “tal como lo solicitó la Corte Suprema se garantizará el acceso efectivo a la interrupción del embarazo en los casos previstos por el Código Penal, y cumplimos con lo que dicta la ley, nuestra Constitución y los Pactos de Derechos Humanos”.
En ese sentido, recordó que el 13 de marzo de 2012 la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo «F.A. L. s/ medida autosatisfactiva» ordenó que por medio de normas se establecieran mecanismos que permitan en forma efectiva, rápida y eficaz el acceso a interrupciones de embarazo amparadas en el artículo 86 del Código Penal.
Dicho fallo dejó en claro que mujeres, niñas y adolescentes tienen derecho al acceso al aborto no punible sin necesidad de denuncia policial ni autorización de la justicia.
“Hoy presentamos una herramienta que abarca aspectos sustanciales tanto legales como médicos, que se deben tener en cuenta para respetar los derechos humanos de mujeres, niñas y adolescentes a la hora de llevar adelante esta práctica médica”, explicó Portos.
La diputada dijo que “queremos reinstalar este debate que en verdad ya está saldado por Nación, pero lo que resulta es que en la práctica los abortos no se hacen, y las mujeres seguimos sufriendo”, y sostuvo que “queremos que no haya miedo en los profesionales de la salud, y para eso es importante poner reglas claras sobre la manera de actuar ante estos casos”.
El proyecto de ley establece el cumplimiento obligatorio en todos los servicios de salud de la provincia de Buenos Aires, tanto en los subsectores público, privado y de la seguridad social.
La iniciativa dicta que todas las obras sociales y empresas de medicina prepaga incorporarán en su menú de prestaciones la cobertura de estas prácticas médicas, y establece que los exámenes de salud que sean necesarios así como de la interrupción del
embarazo, estarán a cargo de las obras sociales o entidades de medicina prepaga.
Asimismo el proyecto establece que en aquellos casos en que las beneficiarias no cuenten con cobertura médica, los costos se solventarán con fondos del sistema de salud pública.
También, impone un plazo máximo de 5 días de corridos desde que se solicita o se indica la realización de la práctica, “para que no se generen demoras injustificadas al acceso a la intervención, comprometiendo los derechos de mujeres, niñas y adolescentes”.
“Nuestra intención es que se abra un debate no solo en la legislatura provincial, sino también en la sociedad para que las mujeres conozcan sus derechos y accedan plenamente al tratamiento digno correspondiente que plantea la norma”, agregó Portos.
La iniciativa además instituye como autoridad de aplicación al Ministerio de Salud de la Provincia, y garantiza la intimidad de la paciente y la confidencialidad, preservando sus datos personales y familiares a terceras personas.
