El juez en lo Contencioso Administrativo Luis Federico Arias citó a declarar al intendente de San Isidro, Gustavo Posse, quien aseguró la semana pasada que “los que estamos en política y manejamos información sabemos que murieron 360 personas” durante la inundación del 2 y 3 de abril de 2013 en La Plata.
En un comunicado, el magistrado explicó que “debido a la condición de funcionario público el testimonio se brindará por escrito, dentro de los próximos cinco días”.
Arias solicitará al jefe comunal del Frente Renovador que “confirme sus dichos”, expresados al inaugurar el período de sesiones en el Concejo Deliberante de su distrito, y que dé “nombre y apellido de las personas por intermedio de quienes obtuvo la referida información y las circunstancias en las cuales le fue comunicado”.
También deberá explicar si se ha ocultado información respecto de la citada cantidad de víctimas fatales.
En caso afirmativo, el juez preguntará “de qué manera se ocultó la información y qué organismos públicos o privados fueron los que colaboraron en dicha tarea»; “si sabe y le consta cuál fue el destino final de los cuerpos de las víctimas de la inundación que habrían sido motivo de ocultamiento” y que indique “los organismos públicos o privados que participaron en el citado accionar”.
Además, requerirá que precise “si conoce el o los funcionarios que habrían impartido la orden de ocultar información” y que detalle “si entre las 360 víctimas a las que hace referencia existen menores de edad y, en su caso, señale cantidad e identidad de los mismos”.
Arias también pedirá que Posse informe “si pudo haber afirmado ante el Concejo Deliberante de la Municipalidad de San Isidro que el motivo del ocultamiento era evitar que las víctimas excedieran el número de 100”, como atestiguan videos difundidos en redes sociales, y que “en caso afirmativo, exprese los fundamentos de la citada aseveración”.
El magistrado pretende que el intendente detalle “si en su condición de funcionario público y la gravedad de los hechos expresados ha formulado la correspondiente denuncia penal con las pruebas pertinentes” y “la razón de sus dichos”.
