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El presidente de la Asociación de Profesionales del Hospital Borda, Gabriel Cavia, reclamó que “deben ir a juicio” todos los funcionarios involucrados en la causa que investiga la brutal represión del 26 de abril del año pasado a pacientes, legisladores y periodistas en ese neuropsiquiátrico.
“El 26 de abril hubo una acción criminal planificada y todos los funcionarios implicados en esa acción deben ir a juicio”, dijo Cavia, al rechazar los sobreseimientos que dispuso a fin de año la justicia, que “benefician a los responsables políticos de la represión mientras avanzan los procesos contra seis trabajadores”.
Pocos días antes de fin de año, el juzgado de primera instancia había resuelto sobreseer al jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri, a la vicejefa María Eugenia Vidal, al jefe de Gabinete Horacio Rodríguez Larreta, a los ministros Daniel Chain, Gabriela Reybaud, Guillermo Montenegro, y al jefe de la Policía Metropolitana Horacio Giménez, entre otros funcionarios.
Mientras que resolvió mantener procesado en la causa como presunto responsable sólo al oficial de la Metropolitana Martín Roth que estaba al frente de un grupo policial.
“Todos estaban imputados por los delitos de abuso de autoridad, lesiones leves y lesiones graves, incluso la misma vicejefa de Gobierno, que estuvo con el jefe de la Policía Metropolitana minutos antes de la violenta reacción que se ejerció contra trabajadores, pacientes, periodistas y legisladores”, dijo Cavia, al recordar el día en que toda la comunidad se movilizó al hospital en defensa del Taller Protegido N° 19.
Ese día, el 26 de abril de 2013, se desató una brutal represión que terminó con 40 personas heridas.
Hace cuatro días, el fiscal Ricardo Sáenz presentó ante la Cámara Criminal y Correccional de la Ciudad un escrito en el que apeló la decisión del juez de instrucción Jorge Adolfo López, que sobreseyó a esos funcionarios del gobierno porteño.
“Estamos a favor de la apelación que hizo el fiscal, que se suma al pedido de la querella, encabezada por los trabajadores de ATE Capital, que también habían apelado esa decisión” dijo el licenciado y representante de los profesionales del Borda.
Las apelaciones obligan a que ahora sea la Sala IV de la Cámara del Crimen la que deba decidir si los sobreseimientos dispuestos por el juez López se revierten o quedan firmes.