La Unión Nacional de Educadores señaló que los más de dos mil 500 centros escolares donde laboran sus afiliados en toda la nación no tendrán clases ese día y se unirán a las protestas decretadas por todas las centrales sindicales, las cuales comenzarán dos días antes del paro.
Por su parte, la poderosa Federación Nacional Campesina, la cual agrupa a decenas de miles de agricultores, decidió respaldar también la medida de fuerza en reclamo de la satisfacción a las demandas largamente sostenidas por los hombres y mujeres del campo.
Entre los principales pedidos de los protestantes se encuentra, además, la derogación de la llamada ley de Alianza Público-Privada, conocida como ley privatizadora, que abre las puertas a los capitales extranjeros para controlar empresas estatales, de acuerdo con sus críticos.
Igualmente, rechazan como insuficiente el reciente incremento del 10 por ciento en el salario mínimo concedido por el Ejecutivo, así como el despido indiscriminado por razones políticas de miles de trabajadores de organismos estatales.
En lo referente al sector campesino ocupa lugar preferente en las peticiones la recuperación de los terrenos malhabidos para su entrega a los labriegos sin tierra y el cese de la que consideran permanente represión sobre todo en los tres departamentos militarizados por el Ejecutivo.
Marchas y protestas de calle a nivel departamental, incluyendo esta capital, se realizarán los días 24 y 25 de marzo para culminar la movilización con la huelga general programada para la jornada siguiente.
