«Hubo amenzas hechas por el fiscal y el juez a través de la policía Metropolitana a algunos integrantes de la toma», dijo a Télam Rodrigo Segovia, de la Corriente Villera, y precisó que los allanamientos se realizaron en domicilios de «siete personas que están acusadas de instigadores o iniciadores de la toma y de haber vendido terrenos».
«En mi caso le allanaron la casa y la pizzería a mi papá, también la librería de una señora que cocinaba para los chicos de acá y la mutual del ex presidente de la villa, Marcelo Chancalay. Piensan que somos una organización y nosotros nada que ver”, contó a Télam Emanuel, uno de los delegados de la toma.
Según relató, a su padre le dijeron «sacás a tu hijo de ahí y te levantamos la clausura», en tanto para Matías esas medidas tiene un solo objetivo: «nos quieren amedrentar», dijo.
Los delegados enmarcaron esta avanzada judicial en una disputa entre dos sectores de poder dentro de la Villa 20 -uno encabezado por Chancalay y otro por el actual presidente, Víctor Núñez-, de la que no participan las familias usurpadoras que, no obstante, sufren las consecuencias.
Ellos «quieren meter acá sus cooperativas, sus proyectos. Se están peleando por llenarse los bolsillos y nosotros quedamos en el medio», dijo Matías y explicó que el compromiso asumido por la toma es presentar el miércoles una propuesta de salida al conflicto ante la Legislatura y la jueza Elena Liberatori.
«Acá nos vienen robando la plata de las viviendas hace 20 años, en esta misma tierra. Hubo como diez presidentes y todos se robaron la plata», afirmó Matías.
La orden de allanamiento firmada por el juez contravencional Gabriel Vega, a la que tuvo acceso Télam, manda «secuestar dinero, documentación» y elementos vinculados «con la organización y el desarrollo de la toma, como ser boletos de compraventa, contratos de locación, agendas personales, cuadernos, aparatos telefónicos» y otros.
La causa lleva el número 2287/14; se tramita en el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas 14 a cargo de Vega y tiene cinco imputados, uno de los cuales es Chancalay.
El juez ordenó además secuestrar «todo tipo de arma de fuego, municiones, bombas molotov, armas tumberas, arma blanca como `machetes`» y cualquier tipo de elemento que pueda «ser utilizado para agredir «.
La medida busca «preservar la vida e integridad física de quienes hoy ocupan el predio» y el «desarme» de los «grupos que pudieran enfrentar a las fuerzas de seguridad ante un nuevo desalojo».
El predio de Avenida Francisco Fernández de la Cruz y Pola, cuyo desalojo frenaron el viernes con un amparo, rebosaba de actividad esta mañana, con chicos que corrían tras de una pelota esquivando los piolines delimitadores de terrenos, vecinos tomando mates en rueda, gente que levantaba ranchos y ollas populares humeantes de chocolatada en distintos puntos.
Colgado del alambrado perimetral, en un tramo que da sobre la avenida, había una enorme bandera blanca con la consigna de la toma: «Salimos pacíficamente si nos dan soluciones de vivienda».
«Hace 4 años que vivimos en la Villa 20, siempre alquilando y no podemos más. Queremos un pedacito de tierra, si no quieren hacer ellos la casa la hacemos nosotros, con tal de que sea nuestro», dijo Edith Ramírez, que junto a sus esposo y sus hijas de 2 y 10 años permanece en el predio bajo una precaria estructura.
Ahora no se pueden mover de allí. «El otro día me crucé un ratito enfrente y cuando vine ya había un grupo de personas mirando para adentro, como para sacarnos el lugar. Cuando me vieron llegar me dijeron `¿pero vos no te fuiste?`», contó y dijo que también a ellos les ofrecieron «comprarles» el terrenito tomado por 15.000 pesos, pero no aceptaron.
«Hay un montón que lo hacen, pero la plata se termina y una casita siempre es mejor. Mi esposo también estuvo en el Indoamericano pero acá tenemos más chances porque lo otro era una plaza y acá no había nada», comparó.
Tras seis días de toma los ocupantes reclaman baños químicos, pañales, alimentos y agua potable. Hastaahora sólo habían recibido ayuda de los habitantes de villa, que aportaron luz a algunos sectores del predio, agua y alimentos.
