Esta tarde se registraba una situación tensa en Villa Lugano, donde la Policía Metropolitana se hizo presente con una orden de allanamiento y desalojo dispuesta por el juez Gabriel Vega.
Unos 70 policías de esa fuerza con chalecos antibalas se agrupan sobre un bulevar situado en la avenida Fernández de la Cruz, mientras una máquina retroexcavadora y una motoniveladora llegaron al lugar.
«Les pedimos que desalojen en paz y se van a respetar todos sus derechos y garantías. Para evitar una escalada de violencia les pedimos que desalojen de forma pacífica el predio. Las mujeres, niños y niñas no deben ser expuestos a ningún acto de violencia porque corren un altísimo peligro», dijo el jefe de la Metropolitana, Fernando Cullado.
Por su parte, uno de los ocupantes dijo a la prensa: «La gente se va a quedar, seguro van a querer reprimir. Las mamás decidieron que se van a quedar con los chicos acá».
Según constató CN23 desde el lugar, los oficiales de la Metropolitana son todos masculinos de la infantería, sin oficiales mujeres.
Una recorrida efectuada por Télam dentro del predio ocupado, constató que está totalmente ocupado, desde Pola hasta Escalada, lo que totalizan alrededor de diez cuadras.
Esta mañana, el fiscal en lo penal y contravencional de la Ciudad, Carlos Rolero, dio curso a la resolución del juez. Según su orden, para el desalojo se pueden requerir también los servicios de cualquier fuerza federal, situación que había rechazado el Secretario de Seguridad, Sergio Berni.
El funcionario nacional ya adelantó que no enviará a fuerzas federales. «Eso corresponde hacerlo a la Policía Metropolitana. No podemos dejar que nos sigan engañando: la usurpación es un delito transferido a la justicia contravención», afirmó.
El jueves por la mañana, el fiscal de Cámara de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriel Unrein, había intimado a los vecinos a desocupar el lugar antes de las 11.45 o pediría al juez Vega el desalojo en forma compulsiva.
En medio de este escenario, los vecinos volvieron a rechazar la propuesta del gobierno porteño formulada anoche, en la que se comprometía a aplicar la ley 1770, sancionada en el 2005, que prevé la construcción de viviendas para los habitantes de la villa 20, previa descontaminación de los terrenos y realización de un relevamiento.
Fuentes de la Defensoría del Pueblo de la Nación dijeron que en la toma se tramitan dos causas, una contravencional, que lleva el fiscal Carlos Rolero, por usurpación de un terreno, propiedad del gobierno porteño y otra contenciosa administrativa en la cual los vecinos demandan al gobierno de Mauricio Macri por el no cumplimiento de la ley 1770 de urbanización de la villa.
