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Los policías están imputados de «desobediencia e instigación al delito», por su presunta responsabilidad en los hechos ocurridos los días 3 y 4 de diciembre, cuando la ausencia de efectivos en las calles derivó en generalizados actos de violencia y saqueos.
A los 16 policías se suma la ex agente del Servicio Penitenciario y esposa de un efectivo, Adriana Rearte, quien está acusada de «entorpecimiento funcional» por una manifestación que encabezó frente a la Guardia de Infantería el día del acuartelamiento.
El jueves pasado a última hora fue puesta en situación pasiva otra mujer, también del Servicio Penitenciario, que convocaba a través de su celular a resistir la detención de Rearte.
El fiscal federal Garzón no descartó que se puedan disponer nuevas detenciones, aunque aclaró que tal posibilidad todavía no está decidida porque depende del curso que tome la causa.
En tanto, los abogados Miguel Ortiz Pellegrini y Ricardo Moreno, quienes asumieron por separado la defensa legal de varios de los policías detenidos por orden de Garzón, coincidieron en señalar que no hay motivo alguno para que sus representados estén privados de su libertad y anticiparon que pedirán su excarcelación.
