El abogado Marcelo Ponce Núñez explicó que si bien Federico Nieva Woodgate “argumenta que no tenía mucho conocimiento de lo que pasaba, la realidad es que Ángel Geogiadis era un detenido que estaba a su disposición” y “hay elementos suficientes como para llegar a una sentencia definitiva” en el juicio político en su contra.
“A finales de 2013 hubo una decisión de apertura a prueba por parte de la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerense para febrero de este año, cuando se llevarán a cabo los diversos requerimientos del expediente. Una vez completados, se fijará una audiencia para avanzar en el jury”, precisó.
El dirigente montonero Ángel Georgiadis fue detenido en 1975 cuando manejaba un Citroën y se metió a contramano por una calle donde había una comisaría. Lo pararon y al revisarle el auto la policía encontró panfletos de la organización. Lo encerraron en el penal de Devoto, hasta finales de ese año, cuando lo mudaron a la Unidad 9 de La Plata.
En diciembre de 1976 hubo en ese centro de detención una requisa brutal, que derivó en una clasificación de los presos entre jefes y bases, de Montoneros y del ERP. Georgiadis, mediante un aval judicial firmado por el entonces juez penal de Lomas de Zamora, Federico Nieva Woodgate, fue calificado de “subersivo” y trasladado al Regimiento de Infantería N° 7, donde lo asesinaron.
“La comunicación del traslado del Ejército a Nieva Woodgate, dice que a Ángel se lo llevan al Regimiento para tomarle indagatoria, peor él no estaba a disposición de ningún juzgado militar y no tenía ningún proceso militar pendiente”, explicó el abogado.
En ese sentido, dijo que Nieva Woodgate, quien actualmente se desempeña como fiscal general de Morón, “no era en esa época un pibe que recién se iniciaba” y que “la razón original de la actuación de la Unidad 9 y del Ejército era mentira, y él eligió tragarse eso”.
Marcelo Ponce Núñez cuestionó, por último, la lentitud para “juzgar el entramado civil de la dictadura militar”, sobre todo de aquellos que hoy siguen cumpliendo funciones.
“Esto es algo que va en contra del principio democrático de verdad y justicia”, manifestó el abogado de María Teresa Piñero, viuda de Ángel Georgiadis.
