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Por Germán Celesia / Ni documentos oficiales, ni testimonios de funcionarios, grabaciones o videos son utilizados para construir las noticias, excepto cuando parte de esa materia prima, en general descontextualizada, puede servir para corroborar en apariencia la hipótesis sostenida por el medio.
Una semana atrás, luego de la firma de un acuerdo de refinanciación de pasivos provinciales por parte del gobierno nacional, el diario La Nación eligió titular su portada del sábado 28 con una noticia principal y varias secundarias que se basaban en fuentes no identificas.
«Cuentas en rojo: El Gobierno refinanció deudas a las provincias, pero impuso controles», titulaba un artículo firmado por Marcelo Veneranda. «El acuerdo para renegociar pasivos por $ 75.000 millones fue firmado por 17 gobernadores; habrá monitoreos trimestrales del gasto provincial», decía el matutino.
Según Veneranda, la refinanciación «representará un alivio para los mandatarios que exigían asistencia y amenazaban con emitir cuasimonedas tras las subas salariales dispuestas por las protestas policiales. Pero más allá de ese respiro fiscal, algunos gobernadores dejaron entrever su malestar por la contraprestación a la que quedaron atados: desde ahora, si desean mantener la refinanciación de sus deudas, deberán rendir cuentas cada tres meses ante la Nación, que exigió informes periódicos para auditar datos como, por ejemplo, la cantidad de empleados públicos y las erogaciones en sueldos», decía, sin mencionar un solo mandatario o un elemento concreto que justifique las previsiones sugeridas en el título, que habla de «controles».
Por si quedaban dudas sobre el sentido adjudicado a esa palabra, el «editor» del matutino explicaba «qué significa. Los gobernadores sabían que su situación se complicaría cuando no se incluyó la refinanciación de deudas en el presupuesto. Ahora lo corroboraron».
Además, en la sección «el escenario», Jorge Oviedo hablaba de «la deuda, como arma de control político». Allí el columnista trataba de justificar otros «controles» pero no este «control» supuesto. «Capitanich, razonablemente, exige el cumplimento de metas de transparencia fiscal. Sería bueno que también los cumpla el estado nacional. De muchas gobernaciones casi no hay datos disponibles y ni siquiera publican la cantidad de empleados. Santa Cruz, por ejemplo, es muy incumplidora. Pero en la década kirchnerista la administración nacional ha escondido cantidades enormes de información que anteriormente publicaba, o ha dejado directamente de producirla».
Según el columnista, «las rondas de negociaciones serán ahora cada tres meses, lo que significa que podrá condicionarse a los gobernadores cuando comiencen a instalarse candidaturas para 2015. Es un mecanismo ideal para una administración cuya Presidenta no puede ser reelecta. Al menos, conserva el poder de influir decisivamente en la sucesión», especulaba.
Además, Mariano Obarrio alertaba: «Las subas salariales agregarán $ 100.000 millones al rojo». Decía entonces: «La crisis fiscal de las provincias podría agudizarse en 2014. Luego de los abultados aumentos de sueldos a las policías provinciales en 20 distritos federales, que no habían sido previstos en sus presupuestos del año próximo, el efecto contagio sobre otros gremios estatales podría obligar a las provincias a gastar hasta $ 100.000 millones más».
Cambio de enfoque
En la edición de hoy, el propio Obarrio parece corregir en el titulo central lo dicho por su colega seis días antes. «Busca el Gobierno un gesto de apoyo de los gobernadores», dice, evitando hablar de condicionamientos o controles, e incluso de palabras como «exige» u otras que impliquen una subordinación de los estados provinciales al nacional.
«Pese a estar de descanso en El Calafate, la presidenta Cristina Kirchner mantiene una preocupación central: lograr un gesto de fortalecimiento político que le permita sortear el frente de conflictos que enfrenta», dice. «Con ese objetivo, algunos funcionarios evalúan la idea de armar una liga oficialista de gobernadores peronistas y avanzar hacia un compromiso de apoyo a la Presidenta. Los ejes sobre los que se trabaja incluyen una promesa de las provincias para no emitir cuasimonedas y una evaluación de los aumentos comprometidos a las policías, a cambio de la refinanciación de las deudas y de un respaldo político al Gobierno». La refinanciación fue aprobada una semana atrás.
Sin citar fuentes reconocibles, el periodista dice: «La Presidenta conversó por teléfono en estos días con sus funcionarios, y sobre todo con Capitanich. La preocupación de la mandataria, ausente del escenario público, se centra en que teme una prematura licuación del poder y para eso busca que los gobernadores del PJ y aliados cierren filas con la Casa Rosada. El primer paso de ese intento de acuerdo fue la reunión del viernes último entre Capitanich, el equipo económico y 17 gobernadores, en la Casa Rosada. Se anunció allí la refinanciación de las deudas provinciales, que totalizan $ 75.000 millones, con revisión trimestral, y una quita de 11.000 millones en 2014».
Según Obarrio, «según confiaron a la nacion fuentes oficiales, ese alivio financiero llegó acompañado de un pedido que los funcionarios de la Casa Rosada hicieron a los gobernadores: que no emitan cuasimonedas para afrontar el crecimiento en el gasto de salarios estatales. Incluso, Capitanich recibió a gobernadores que le confesaron que estudiaban la posibilidad de revisar y modificar los aumentos de sueldos a las policías provinciales. Esas subas se acordaron bajo la presión de los acuartelamientos y los saqueos en 20 provincias con 12 muertos oficiales. El Gobierno les daría respaldo político para afrontar ese costo político».
Según el periodista, «la intención del Gobierno es que esos compromisos sean acompañados por un gesto concreto de respaldo político a la Casa Rosada, que le permita exhibir apoyo en un momento de debilidad frente a una situación económica y social agitada. Algunos en el kirchnerismo incluso aspiran a que haya un documento de respaldo escrito
«Los jefes provinciales buscan apoyo económico de la Casa Rosada para evitar futuros incendios como los de diciembre último con las policías. Cristina necesita apoyo político del peronismo para terminar su mandato sin problemas, aunque esta parte del acuerdo trata de ser minimizada por los ministros para no reconocer una debilidad política», afirma.
Para el «editor» del diario, «las provincias están asfixiadas económicamente y demandan ayuda. Pero al Gobierno tampoco le sobra mucho. Un acuerdo de necesitados se impone», en lugar de la supuesta imposición de la que hablaba el matutino una semana atrás.
