La ley se aplicará al funcionamiento de entes como Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, la Empresa Nacional de Electricidad, la Corporación Minera de Bolivia, Boliviana de Aviación y la Empresa Nacional de Telecomunicaciones.
La ministra de Planificación del Desarrollo, Viviana Caro, explicó que la norma establecerá un nuevo modelo de gestión pública empresarial procurando generar condiciones para un desenvolvimiento ágil, eficiente, flexible y transparente, sujeto a fiscalización y control.
El proyecto está orientado a responder las necesidades de regulación de las inversiones en el país, estructurando los mecanismos para la conjunción de capitales públicos y privados.
Dicha ley daría lugar a varios tipos de empresas, una de ellas, es la Empresa Estatal Mixta, cuyo patrimonio está constituido por aportes del nivel central del Estado mayores al 70 por ciento y menores al 100 por ciento.
También tendrá aportes privados de origen interno o aportes de empresas públicas o privadas extranjeras; en este tipo de entes podrán participar como otro socio las entidades territoriales autónomas.
Otro tipo de entidad será la Empresa Mixta, cuyo patrimonio está constituido por aportes del nivel central del Estado desde el 51 por ciento y hasta el 70 por ciento; y aportes privados de origen interno y aportes de sociedades públicas o privadas extranjeras.
En este tipo de entidades podrán participar como otro socio las entidades territoriales autónomas.
Otra modalidad será la Empresa Estatal Intergubernamental, cuyo patrimonio está constituido por aportes del nivel central del Estado desde el 51 por ciento y menores al 100 por ciento y aportes de las entidades territoriales autónomas.
En el marco de la Constitución, la Contraloría General del Estado ejercerá sus competencias de control de administración sobre las empresas públicas, tomando en cuenta su régimen legal y podrá establecer indicios de responsabilidad civil o penal como resultado de una auditoría externa.
La Fiscalización y Control de la Empresa Pública también será por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
También se propone que la Empresa Pública tenga la obligación de publicar información referida a su gestión en medios de comunicación escrita, electrónica y audiencias de rendición de cuentas.
