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Por Germán Celesia / Hoy Clarín se refiere en su portada a la “ruta del dinero k”. Se trata de una expresión que busca poner en pie de igualdad el destino de los dineros privados de la Presidenta con los provenientes de actividades ilícitas, como el tráfico de armas o drogas. Fue utilizada por Jorge Lanata, conductor de un ciclo por Canal 13, para referirse a un supuesto viaje de la Presidenta a una isla paradisíaca que serviría de refugio fiscal de dinero no declarados por empresarios de diversas partes del mundo. Aunque el viaje a esa isla no existió como tal – sino que se trató de una simple escala en una gira asiática de la Jefa de Estado – el nombre de fantasía fue adoptado por la prensa hegemónica para dar por sentada la existencia de un circuito ilegal por el que transitaría dinero mal habido de la familia de la Jefa de Estado.
Bajo esa denominación – “la ruta del dinero k” – Clarín coloca el siguiente título central su portada: “Báez pide censurar a la prensa sobre sus pagos a los Kirchner”. Dentro del contexto marcado por ese nombre fantasía, el lector puede interpretar en una primera mirada que se trataría del pagos por actividades ilegales, cuando en realidad es del alquiler de inmuebles y por lo tanto estarían protegidas – en este caso según la opinión del empresario aludido – por el secreto fiscal. De allí la solicitud de resguardo de la confidencialidad formulado ante la Justicia, y que la prensa homologa a un pedido de censura previa, la cual está vedada por la propia Constitución argentina.
Los abogados de Lázaro Báez pidieron a la Justicia, según reproduce Clarín: “Que se disponga una medida cautelar tendiente a resguardar la confidencialidad de la información contable, societaria y comercial de mi mandante, la que, sin Derecho alguno, se encuentra en poder de terceras personas que lucran con su difusión”.
Para Clarín, “así intenta que no se sepa cómo giró dinero a la familia de la Presidenta a través del alquiler de hoteles en Santa Cruz”. Esta frase implícitamente da a entender que ese dinero fue entregado “a través del alquiler de hoteles en Santa Cruz” pero corresponderían a otros conceptos, los que presume ilegales. Además, el Secretario General de la Presidencia, Marcelo Parrilli, “admitió que los pagos existieron”. Al decir “admitió”, el diario sugiere que debió reconocer algo que permanecía oculto, aunque formara parte de las declaraciones juradas públicas de la Presidenta.
A raíz de estas acusaciones, Eduardo Van der Kooy se permite titular su columna: “De nuevo la corrupción como eje de la escena”, aunque la existencia de la “corrupción” como elemento central de la acción política sea en sí una construcción de la prensa hegemónica. Según el editor de Clarín, Ricardo Kirschbaum, lo que él denomina “el control mediático” sería una “obsesión” del gobierno. Induce así a confundir controles administrativos – como los derivados de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual – con los controles de contenido a través de mecanismos de censura previa que están vedados por las Constitución y que el gobierno nunca ejerció, mal que le pese al columnista.
El diario publica también una destemplada opinión de Gerardo Mimlan que pretende colocar a la ciudadanía “a un paso de tener una República sorda, ciega y muda”, pese a la inédita libertad de prensa, que permite a los medios opositores publicar casi de manera diaria acusaciones contra funcionarios y dirigentes del oficialismo, incluso algunas a la vez calumniosas e injuriosas.
“Báez pidió que se prohíba informar sobre sus negocios con los Kirchner”, es el título central de La Nación. El contexto en que coloca la palabra “negocios” lleva implícita la presunción de que se trataría de transacciones ilegales. De hecho, el diario publica una nota según la cual se trata de “una denuncia crucial que impacta en muchas causas”, porque “las revelaciones sobre Báez afectan casos abiertos por lavado, coimas y evasión”. Hablar de esos delitos sin uso de potenciales o sin aclaración de que se trata de acusaciones y no comprobaciones, lleva al lector a suponer, en primera instancia, que se encuentra probada la existencia de esas infracciones a la legislación nacional.
Además, el columnista Joaquín Morales Solá habla de “censura previa para una investigación que roza a la Presidenta”. Según dice: “La suerte que aguarda a Lázaro Báez parece ser la misma suerte de los Kirchner”. En su columna supone la existencia de una “justicia kirchnerista” y una acción conjunta del gobierno con el empresario contra la prensa opositora.
“¿Podría Báez haber presentado un pedido de censura previa sin una clara indicación política del gobierno nacional y sin ciertas garantías de que su pedido será aceptado? El núcleo central del problema es que Báez y su fortuna no existirían sin los Kirchner”, dice. Según imputa, “una parte crucial de ese conflicto es que se trata del primer caso en el que una investigación judicial podría acercarse peligrosamente a la propia Cristina Kirchner”, que posee un porcentaje de la propiedad de varios hoteles. Uno de esos emprendimientos según el diario no estaba incluido en sus declaraciones juradas, cuestión que debió ser desmentida por la Presidencia.
Según el columnista de La Nación, “ni siquiera los Kirchner podrían justificar, ante una Justicia realmente independiente, la compra de esos hoteles. Mucho menos se podría justificar la contratación millonaria de hoteles propiedad de funcionarios públicos por parte de un empresario, al que a su vez esos mismos funcionarios le adjudican obras públicas. A primera vista, al menos, todo tiene las formas y el color del blanqueo de dinero”, acusa, en lo que podría ser catalogado como una nueva calumnia contra un gobierno sobre el cual desde 2008 viene pronosticando un fin inminente.
