.
Por la Asociación Civil Miguel Bru / “Vamos por la ciudad que es nuestra” gritaron los policías cordobeses tras la resolución del conflicto después del acuerdo con el Gobierno. No podemos dejar de advertir que estas diatribas no son un mero eufemismo, sino la más pura literalidad. Hace años denunciamos que la policía se maneja de maneras extorsivas, dejando zonas liberadas, gestionando redes delictivas asociadas al juego, al narcotráfico y a la trata de personas y haciendo caja a costa de comercios, trabajadores y trabajadoras, y reprimiendo a los sectores más vulnerables de la sociedad.
Esta misma policía participó activamente de las páginas más oscuras de nuestra historia, apoyando golpes de estado sanguinarios y genocidas, reprimiendo, torturando y desapareciendo a la par de los militares, en muchas comisarías que funcionaron como Centro Clandestinos de Detención. Inclusive, hasta podemos decir, que la policía no ha sido ajena a ninguno de los hechos delictivos más resonantes de la democracia.
Consideramos entonces como ya hemos dicho en más de una oportunidad, que nuestro país merece y se debe un debate profundo sobre el problema estructural de las fuerzas de seguridad. Tenemos que aprovechar este momento para pensar en qué policía necesitamos y hablar con todas las letras de la reforma policial y judicial, una deuda pendiente de resolver.
Porque lejos de ser una excepción, los saqueos que se generaron en distintas provincias y que pudieron generarse aquí -si no se hubiera llegado a un buen puerto en la negociación del lunes 9- resultan la regla, en tanto que las zonas liberadas son la condición de posibilidad para que la sociedad ceda derechos, en pos de un poder cada vez mayor de los uniformados para combatir el delito, que como siempre -y en la asonada policial se advirtió de un modo descarnado- generan el problema y el escenario de miedo, y nos venden la solución.
Consideramos justo todo reclamo social por acceso a un mejor salario o cualquier derecho no garantizado, pero consideramos que las fuerzas de seguridad tienen un carácter diferente al de otros trabajadores, y por tanto sus propias reglas internas. En este sentido un paro policial es inaceptable y constituye una extorsión, porque pone en riesgo la seguridad de la población.
No queremos dejar de destacar el papel de los medios de comunicación dominantes en el fogoneo constante con el claro objetivo de generar pánico social. Cuando paran otros trabajadores, los medios que responden a corporaciones de claro corte de derecha, cuestionan «las formas» de protesta, sin embargo en este caso no fue raro que hayan instaurado el planteo sobre “lo justo” o no del reclamo, sin cuestionar sus formas. Así, no podemos dejar de señalar el oportunismo de algunos sectores que aprovecharon la posibilidad de generar escenas de desestabilización en el marco del aniversario de los treinta años del retorno a la democracia.
Consideramos, una vez más, que el poder judicial tiene un papel relevante, se deben investigar los hechos, las responsabilidades penales sobre las causantes de víctimas y las condiciones por las cuales se liberaron las zonas que permitieron los saqueos.
Por último también sospechamos que la fecha elegida para generar este escenario de miedo no es casual. Muchos años de lucha y sacrificio de parte del pueblo permitieron consolidar esta democracia, creemos que las libertades conseguidas, fundamentalmente en esta última década, son un logro que debemos defender desde todas las instituciones.
