La muerte de dos chicos de Monte Chingolo, en la que están involucrados policías de la Comisaría Octava, movilizó a militantesy vecinos de Lanús contra la escalada de violencia institucional que padecen los barrios pobres del distrito.
AgePeBA dialogó con Belén Berrueco, referente de Proyecto Nacional, organización que encabeza el vicegobernador Gabriel Mariotto y acompaña a la familia de David Olivera y Luciano Aboyo, ambos de 15 años, quienes fallecieron el lunes 18 de noviembre al chocar en moto, tras ser perseguidos en sospechosas circunstancias por dos efectivos policiales.
“Los vecinos de Monte Chingolo venían cuestionando la práctica de los policías de la Comisaría y ahora tenemos un desenlace trágico. El acoso, las amenazasy las persecuciones por portación de cara, sobre todo contra los jóvenes, ya forman parte de la cotidianeidad del barrio”, explicó Berrueco y aseguró que los familiares de las víctimas tienen “mucho miedo”, porque la violencia policial recrudeció tras la muerte de David y Luciano.
“Desde Proyecto Nacional estamos acompañando a la familia desde el punto de vista legal, pero más que nada para encausar el reclamo y puedan llegar a quienes tienen responsabilidades institucionales, porque necesitamos terminar con la violencia policial”, señaló.
El intendente Darío Díaz Pérez recibió ayer a los familiares y referentes de la agrupación. Durante el encuentro, se comprometió a prestar su colaboración para el esclarecimiento del caso.
“Díaz Pérez nos informó que citará a los jefes policiales del distrito, que trabajará con la auditoria de la Policía Bonaerense para ver en qué queda el sumario administrativo que se les hizo a los dos agentes que realizaron la persecución y que se contactará con el fiscal de la causa para aportar las filmaciones de las cámaras de seguridad del municipio”, enumeró Barrueco.
Sobre la violencia institucional por parte de efectivos de la Octava, la referente de Proyecto Nacional dijo que se le planteó a Díaz Pérez trabajar con políticas públicas en materia de “seguridad democrática y acceso a la justicia”.
“Debemos pensar en algún protocolo de acción para que estas cuestiones puedan evitarse, para que el hecho de que un joven pobre esté en la esquina de un barrio no se convierta en sospechoso. La idea es trabajar con las organizaciones del barrio y las familias de las víctimas en distintas actividades que hagan visibles las prácticas violentas por parte de la policía. También buscamos que se pueda crear algún ámbito que canalice las demandas y denuncias de los vecinos”, finalizó.